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| Fuente: Presidencia

El Estado debe reaccionar con energía y profesionalismo, lo que excluye el uso desproporcionado de la fuerza y por supuesto, la voluntad de sentirse al margen del control democrático.

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Hoy entramos a las dos últimas semanas del año con la esperanza de enrumbar un país expuesto al riesgo de sucumbir ante la tentativa autoritaria de Pedro Castillo y la anarquía de los que recurren a la violencia. Ni el autoritarismo ni la violencia contribuirán a resolver los problemas de los peruanos, ni el malestar expresado en las manifestaciones. Necesitamos aprender a vivir nuestras diferencias en el marco de la ley y en el esfuerzo de impulsar políticas públicas dirigidas a cerrar las brechas que la pandemia agravó: empleo digno, salud, alimentación, educación, seguridad. Sin cerrar esas brechas seguiremos viviendo expuestos a los estallidos de descontento, en vez de generar confianza en las instituciones. Desde la presidencia, el Congreso y el gabinete ministerial hasta el último subprefecto, ha llegado la hora de regenerar las instituciones. Parte del legado de Pedro Castillo es un aparato del Estado más ineficiente que nunca y penetrado por agentes de la violencia: la minería ilegal, el narcotráfico, organizaciones derivadas del terrorismo de décadas pasadas. Sería un error grave reducir las protestas a esos factores, pero existen. El Estado debe reaccionar con energía y profesionalismo, lo que excluye el uso desproporcionado de la fuerza y por supuesto, la voluntad de sentirse al margen del control democrático. Eso es lo que ha venido preconizado la Defensoría del Pueblo, desde sus primeros pasos a fines de los años noventa. Por eso los cuatro ex Defensores han expresado su respaldo a “la diligencia y la integridad” del desempeño de la Defensoría, cuya defensa de los derechos fundamentales la ha expuesto siempre a incomprensiones. Hoy o mañana conoceremos la identidad del nuevo Primer Ministro y los de Cultura y Educación. Esperemos también que el Congreso logre definir un calendario de elecciones generales que incorpore reformas básicas. El resto es tarea de todos, autoridades y ciudadanos: aislar a los violentos, satisfacer demandas sociales, construir un país justo e inclusivo.

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