El Gobierno creó un equipo de siete miembros para reformar el Poder Judicial tras el escándalo provocado por los audios difundidos que revelan presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias entre jueces y consejeros del CNM.
El Gobierno creó la “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”. El presidente Martín Vizcarra anunció que este equipo estará integrado por siete miembros que tendrán como labor reformar el Poder Judicial tras el escándalo provocado por los audios que revelan presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias entre jueces y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
De acuerdo con la resolución, los elegidos son "personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad, identificadas con la defensa de la democracia y la institucionalidad" y no representan "intereses de algún partido político o sector empresarial". Su tarea será "proponer medidas concretas para reformar el Sistema de Administración de Justicia a fin de construir una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible".
Los miembros de la comisión son:
1. Allan Wagner Tizón (presidente)
Diplomático de carrera. Ha sido Ministro de Relaciones Exteriores en dos oportunidades (1985-1988 y 2002-2003) y Ministro de Defensa (2006-2007). Fue embajador del Perú en España (1988-1990), Venezuela (1990-1992), Estados Unidos (2001-2002) y los Países Bajos (2008-2014). En 1992 renunció al cargo de Embajador en Venezuela y se exilió en ese país por su rechazo a la interrupción del orden constitucional en el Perú, desempeñándose como Director de Desarrollo y Asesor del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).
En 1999, asumió la presidencia del Centro de Estudios Internacionales (CEPEI), fue miembro de la Comisión Andina de Juristas y de la Asociación Civil Transparencia. Fue Secretario General de la Comunidad Andina de 2004 a 2006. En el 2006 juró al cargo de Ministro de Defensa y en el 2008 fue designado Agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia para el caso sobre delimitación marítima con Chile y embajador ante los Países Bajos, cargo que concluyó el 15 de abril de 2014, luego que el 27 de enero de este a Corte emitiera su fallo.
2. Delia Revoredo Marsano
Abogada graduada en la Pontifica Universidad Católica del Perú, especialista en erecho Internacional Privado, Derecho Constitucional y Arbitraje Nacional e Internacional. Ha sido profesora principal de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad de Lima, de la Academia Diplomática del Perú y Directora de la Academia de la Magistratura.
Es miembro de la Corte Arbitral del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú - AmCham. Árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y de otras instituciones nacionales e internacionales. Es testigo experta en la ley peruana ante Autoridades Judiciales extranjeras, Consultora independiente, conferencista y autora de varias obras jurídicas sobre su especialidad. También ha sido conferencista invitada a universidades y foros norteamericanos y europeos.
3. Hugo Sivina Hurtado
Cursó estudios en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se graduó de bachiller y se recibió como abogado en 1969. En 1966 ingresó a laborar en el Poder Judicial. En 1970 fue nombrado Juez de Paz Letrado, empezando así su carrera ascendente en la magistratura.
Fue juez instructor (1976), vocal superior de la Corte de Justicia de Lima (1982), Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República (1994). En el 2008 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República lo eligió como presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por un período de cuatro años, en reemplazo de Enrique Mendoza Ramírez.
4. Samuel Abad Yupanqui
Abogado (PUCP), diplomado en Derecho Constitucional (Centro de Estudios Constitucionales - España), Doctor en Derecho (Universidad Autónoma de Madrid), profesor principal de la facultad de Derecho y de la maestría Constitucional de la PUCP. Ha sido secretario general del Tribunal Nacional del Servicio Civil, coordinador del área de Instituciones Democráticas de la Comisión Andina de Juristas, adjunto en asuntos constitucionales y primer adjunto de la Defensoría del Pueblo (1996-2007).
Autor de numerosos artículos sobre derechos humanos, derecho constitucional y procesal constitucional. Ha publicado los libros "El proceso constitucional de amparo", "Derecho Procesal Constitucional", "Constitución y procesos constitucionales", entre otros. Actualmente es socio del Estudio Echecopar.
5. Eduardo Vega Luna
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es funcionario de carrera de la Defensoría del Pueblo desde hace más de 17 años. Ha realizado estudios de Maestría en Paz y Desarrollo en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I de España, así como estudios de Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En diciembre de 1996 ingresó a la Defensoría del Pueblo como Coordinador de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc de Indultos para personas injustamente acusadas de terrorismo. Más adelante fue comisionado de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. En el año 2006, asumió el cargo de Defensor Adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.
El 1 de diciembre del 2009 fue designado Primer Adjunto a la Defensoría del Pueblo, tras ganar un concurso público de méritos. Desde el 1 de abril del 2011 ejerció el cargo del Defensor del Pueblo (e) de conformidad con la Resolución Defensorial N° 004-2011/DP, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
6. Ana Teresa Revilla Vergara
Abogada y docente universitaria con más de 30 años de ejercicio profesional. Es magíster en Investigación Jurídica y estudios concluidos en derecho constitucional. Fue presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y vocal del Tribunal de Contrataciones, así como viceministra de Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña Empresa.
Con experiencia en administración de fondos públicos, elaboración e implementación de proyectos financiados por el BID, BM, USAID; y negociación con altos niveles de gobierno central e instituciones financieras internacionales.
7. Walter Albán Peralta
Abogado con más de treinticinco años de ejercicio profesional, especialmente en el área de la defensa de los derechos humanos desde instituciones públicas y privadas, en el ámbito nacional e internacional. Trabajó en la Defensoría del Pueblo, primero como Primer Adjunto entre 1996 y 2000, y luego como Defensor del Pueblo entre noviembre de 2000 y noviembre de 2005.
En julio de 2008, fue elegido Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Reelecto para el mismo cargo en junio de 2011, renunció tras ser designado Representante Permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo que desempeñó hasta noviembre del año 2013, cuando fue nombrado Ministro del Interior.
Al concluir sus funciones como ministro, se reincorporó a su plaza de profesor Principal del Departamento de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde es también miembro de la Dirección del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDHEPUC) y Coordinador de la Maestría en Políticas Jurisdiccionales de la Escuela de Posgrado. Ha sido miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, del Jurado del Concurso Anual sobre Buenas Prácticas en la Administración Pública y del Directorio de la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores.
Plazos y condiciones
El documento también señala que a los doce días de su instalación, la comisión deberá presentar al presidente "un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia". Este incluirá la "propuesta de creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, que garantice la sostenibilidad de una reforma integral".
Los integrantes del grupo de trabajo, que depende de la Presidencia de la República, no recibirán un pago por su participación, y su implementación "no demandará recursos adicionales al Tesoro Público". Además, podrán invitar a personas y representantes de organizaciones especializadas a sus sesiones.
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