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por Redacción RPP
·La presidenta Dina Boluarte reafirmó que el proceso de formalización minera continuará hasta el 31 de diciembre de 2025, y aseguró que no se tolerarán presiones ni actividades ilícitas de la minería ilegal.
En una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte reafirmó el compromiso del gobierno con la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La mandataria destacó que este proceso, extendido hasta el 31 de diciembre de 2025 mediante el Decreto Supremo 012-2025, busca ordenar la actividad minera bajo un marco legal, protegiendo el medio ambiente y la salud de los peruanos.
"Apostamos por la legalidad y la formalidad. No daremos un paso atrás en ese objetivo. No cederemos a presiones, menos a chantajes", señaló Boluarte, acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y los titulares de Energía y Minas, Jorge Montero; Defensa, Walter Astudillo; y del Interior, Carlos Malaver.
Proceso de formalización minera "ha sido completamente transparente"
En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aseguró que el proceso de formalización es transparente y cuenta con un sólido amparo normativo.
Como se recuerda, según el Decreto Supremo 012-2025, publicado el último 29 de junio, un total de 31 560 registros vigentes o suspendidos por menos de un año podrán continuar su proceso de formalización hasta fin de año. Por otro lado, 50565 registros fueron excluidos por no cumplir con los requisitos básicos o por realizar actividades ilícitas.
“Todo este proceso ha sido completamente transparente y con amparo normativo. Estas normas buscan ordenar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, separando al minero en proceso de formalización de aquel que no ha cumplido con los requisitos para formalizarse”, afirmó.
El ministro detalló que los mineros que deseen formalizarse deben completar cinco pasos: presentar la documentación requerida, lograr contratos de explotación con titulares de concesiones, formalizar laboralmente a los trabajadores, promover mejoras normativas y acceder al nuevo fondo minero, que ofrece incentivos económicos y técnicos, como líneas de crédito preferenciales y asistencia técnica para mejorar las operaciones.
“No vamos a permitir más situaciones como la ocurrida en Pataz"
La presidenta Boluarte enfatizó que la minería ilegal “depreda nuestros ríos, bosques y montañas y trae consigo actividades ilícitas como el crimen y la delincuencia”.
En ese sentido, dijo que el gobierno busca evitar tragedias como las que se han reportado desde Pataz, en la región La Libertad, donde la minería ilegal ha generado graves problemas de inseguridad, con asesinatos a manos de la delincuencia organizada, así como daños ambientales.
“No vamos a permitir que ocurran más situaciones como la ocurrida en Pataz”, afirmó la mandataria, quien señaló que de los 50 000 registros excluidos del Reinfo, al menos 1500 personas habrían estado traficando con registros ilegales durante años.
Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, destacó que la estrategia que se viene implementado en Pataz para combatir la minería ilegal se replicará en otras regiones del país.
Respuesta frente a protestas y debate legislativo
Ante las protestas anunciadas por un sector de mineros informales, el ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) actuará con firmeza, pero dentro del marco legal y respetando los derechos humanos.
“Desde el Mininter somos respetuosos del derecho a la protesta, siempre que se desarrolle en el marco de la Constitución, sin desmanes ni bloqueos que perjudiquen a otros peruanos y peruanas”, indicó.
Por su parte, el ministro Montero abordó el debate sobre la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que reemplazará a la legislación de 2002.
Consideró que esta norma debe discutirse “a profundidad y de manera técnica” en la próxima legislatura del Congreso, a partir de agosto de 2025, respetando la decisión de la Comisión de Energía y Minas, donde 14 legisladores votaron a favor de continuar el debate.
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