Gobiernos regionales: una mirada a los efectos de la corrupción al interior del país

Las cifras son duras: la corrupción en inversión pública alcanzó el 15 por ciento en los Gobiernos Regionales durante el 2020, informó la Contraloría General de la República. Esto se traduce —siguiendo el informe— en más de 5 mil millones de soles perdidos en perjuicio de los peruanos que viven en regiones.

La detención del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, es síntoma de un grave problema: más 80 por ciento de gobernadores regionales son investigados por corrupción.

En el ránking de corrupción e inconducta funcional, Piura, Puno, Arequipa y Loreto se encuentran en los primeros lugares, siempre de acuerdo al informe presentado por el contralor Nelson Shak.

Varias de las investigaciones a gobernadores regionales incluyen presuntos actos de corrupción realizados en plena pandemia de la COVID-19, lo que no hace más que aumentar la indignación de los peruanos. ¿Cuánto ha afectado esto  a los peruanos que viven en estas regiones?

En Ayacucho

"Literalmente las autoridades regionales han lucrado con el dolor, la desesperación y la salud de los ayacuchanos. Esta gestión ha prometido, por ejemplo, una planta de oxígeno por cada provincia [de Ayacucho]. A la fecha nos preguntamos: ¿cuántas de estas plantas han sido construidas por el mismo gobierno regional? ¿Existen? ¿Dónde están? Son preguntas que van a quedar para una evaluación", sostiene el politólogo ayacuchano Lincoln Onofre.

En Ayacucho, la falta de reacción y respuestas ante la crisis sanitaria por la COVID-19 fue recurrente, explica Onofre. "Uno de los problemas fue el desconocimiento y la falta de información oportuna. A esto se sumó la corrupción, que si la vemos por niveles de gobierno, podríamos decir que los Gobiernos Regionales y municipales son los lugares donde la corrupción sucede con mayor facilidad e impunidad. Prácticamente es un patrón recurrente", sentencia.

En Puno

En esta región, una de las que lidera el ránking de corrupción de la Contraloría, el gobernador regional Agustín Luque es investigado por presuntas irregularidades en la implementación de un colegio en Juliaca. La ineficiencia en proyectos de infraestructura en esta región del altiplano es crítica y la sufren los habitantes de la zona.

"Uno sale de su casa o de su ciudad y se pregunta qué gran proyecto, en el caso de Puno, se ha hecho por mejorar la vida de la gente. Ninguno. En Juliaca más del 85% [de personas] vive sin agua ni desagüe. En puno ciudad no tenemos industrias, fábricas... lo que predomina es una cultura a la informalidad. La mejor característica que marca a los gobiernos regionales son los casos de corrupción", manifiesta Liubomir Fernández, analista político puneño.

El caso de Puno es fuerte. Fernández confiesa que lo que ha visto en los Gobiernos Regionales de su región en los últimos años "es que quienes tienen el poder son los empresarios, los lobbystas, que lo que han hecho, más que cambios por el bienestar de la ciudadanía, son negocios".

Lo que cuenta Liubomir Fernández es devastador: Gobernadores como Hernán Fuentes que gobernó con su hermana y tenía como principal asesor a su cuñado; Mauricio Rodríguez, cuyos principales funcionarios están presos por colusión y hacer contratos dirigidos; Juan Luque Mamani, beneficiario de intereses empresariales; y ahora Agustín Luque, organizado para dirigir obras.

"Estoy convencido de que la descentralización, más bien ha descentralizado la corrupción. Si antes estaba centralizada en la capital, ahora se ha descentralizado en las regiones", concluye.

En Cajamarca

En Cajamarca marcó un hito el caso del exgobernador Gregorio Santos, quien creó una narrativa en la que era perseguido por impedir que Yanacocha inicie el proyecto Conga, lo cual polarizó a los peruanos en esa región. Todo esto se desmintió y se comprobó que Gregorio Santos incurrió en delitos de corrupción.

"[El caso de Gregorio Santos] hizo que la región, en cuanto a infraestructura regional, retroceda un poco y que los índices de pobreza se mantengan. Cajamarca se encuentra dentro de las regiones pobres, pero hay distritos que se ubican mucho más allá, en el extremo pobre. Situación que es preocupante y que hace que pensemos en cómo los Gobiernos Regionales pueden estar trabajando para su región", sostiene la abogada especialista en gestión pública Teresa Santillán.

Para Santillán los Gobiernos Regionales fallan desde su relación con el gobierno central y los gobiernos locales. "El gobierno nacional manda una política, el gobierno regional entiende otra y las municipalidad provinciales y distritales entienden algo muy diferente. (...) y es verdad que hay un gran porcentaje de Gobiernos Regionales que está siendo procesado por delitos de corrupción, situación que es preocupante porque significa que quienes deberían estar tratando de integrar la región, lo que hacen es sacar el diezmo, robarnos el dinero... es un tema muy amplio que debe verse no solamente desde la ejecución, sino también desde la integración que estos puedan promover dentro de la región".

¿Qué hacer?

¿Cómo se puede combatir la corrupción en los gobiernos regionales? Teresa Santillán sostiene que, aunque es difícil tener una fórmula exacta, ser transparentes es un paso gigantesco. "Lo primero es transparentar cuentas, transparentar información sobre los proyectos de inversión que se están ejecutando, del dinero que está ingresando por canon, por regalías, por el presupuesto en general que nos da cómo es este proceso en el que se invierte y cómo se invierte y a quien le encargamos que esa inversión se dé de manera efectiva".

Por su parte, Lincoln Onofre remarca la necesidad de liderazgo para combatir un mal que parece ser endémico. "Es importante el compromiso y liderazgo político para la implementación de mecanismos de vigilancia y control en esos casos. El problema es que la corrupción no solo está en el agente externo que trata de persuadir a los agentes públicos, sino también dentro del propio Estado en todos los niveles de la entidad y prácticamente se ha convertido en un hábito para acelerar o desincentivar algunos procesos".

Finalmente, Liubomir Fernández no es tan optimista. "Tiene que haber una norma, una disposición que establezca que en casos de corrupción hay que intervenir los Gobiernos Regionales, no solo en temas de corrupción, sino en otros, porque creo que los Gobiernos Regionales, las direcciones sectoriales, son cúpulas, que tienen el control, en las que es difícil ordenar, es difícil imponer políticas públicas, porque no hay cohesión, no hay un plan... lo que hay es un desgobierno total".

"Ya cuando la corrupción sobrepasa ya inevitablemente creo que tienen que entrar a tallar otro nivel de gobierno, otro nivel gubernamental que venga a corregir las cosas porque son ciudades pequeñas, entre todos se conocen, se deben favores... eso hace que la fiscalización el trabajo sea ineficiente", agrega.