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por Redacción RPP
·El jurista Javier de Belaunde señaló que la Corte IDH es una “garantía” para sancionar al Estado peruano ante el incumplimiento de una sentencia.
El jurista Javier de Belaunde dijo este sábado que resulta “verdaderamente incomprensible” que se evalúe la posibilidad de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), después de que el Gobierno de Dina Boluarte creara el Grupo de Trabajo Multisectorial temporal con el objetivo de elaborar una propuesta de Ley de Soberanía Nacional.
Y es que, el 27 de agosto pasado, la mandataria dijo que este proyecto tiene como objetivo fortalecer un marco legal que proteja al país ante “nuevas amenazas” y limite lo que denominó una intromisión de organismos internacionales en asuntos internos.
El pronunciamiento de la jefa de Estado se enmarca con las críticas de la Corte IDH a la promulgación de la ley que otorga amnistía a agentes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y comités de autodefensa que fueron procesados por violaciones a los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
Así, Javier de Belaunde recordó que la Corte IDH ha mostrado su utilidad; por ejemplo, en el año 2000, con la reposición de Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo y Guillermo Terry Rey, magistrados del Tribunal Constitucional que habían sido destituido por pronunciarse en contra de la norma que permitía la reelección de Alberto Fujimori, en 1997.
“Entonces lo que hay ahora es una cuestión verdaderamente incomprensible porque se invoca soberanía. [Pero] el Perú se ha adherido voluntariamente al tratado, a la corte”, alegó.
De Belaunde comentó que durante su paso como juez ad hoc en la Corte IDH vio casos de pensionistas que habían elevado sus denuncias ante esta instancia después de haber litado durante años en el Perú.
“Entonces, recurrieron al Sistema Interamericano y el Sistema Interamericano protegió a los pensionistas para que efectivamente se cumplan las sentencias sancionando al Estado peruano”, enfatizó.
El también autor de diversos libros dijo así que esta situación es “perjudicial” para el ciudadano, dado que no tendrían una instancia supranacional que haga cumplir al Estado peruano los tratados internacionales de derechos humanos en América.
“Todos los ciudadanos tenemos que tener presente es que esto es una garantía para momentos en los cuales hay una defección de los valores democráticos, en este caso, por ejemplo, el reconocimiento de sentencias…”, alegó.
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