La Ley de Reconstrucción contempla acciones de control al 100%

El jefe del Gabinete, Fernando Zavala, aseguró que el proyecto de Ley de Reconstrucción, planteado por el Gobierno, contempla acciones de control al 100%, por medio de la Controlaría General de la República, para desarrollar un proceso transparente y ágil.

En diálogo con RPP Noticias, el ministro dijo que esa iniciativa es una ley distinta, que comprende “todo lo necesario para hacer las cosas de manera diferente”, porque en el proceso de reconstrucción -reiteró- no se deben repetir los errores del pasado.

“Es atrevida (esta ley) en términos de cambiar las formas, cambiar las ejecuciones. Incluimos mejores sistemas de transparencia, así como algo que a algunos no les gusta, como tener a la Contraloría al 100% y al costado nuestro”.

Acciones de control. Zavala Lombardi también destacó la presencia de un experto del órgano de control en las reuniones de la Autoridad para la Reconstrucción, a fin de que pueda ayudar a tomar las mejores decisiones, a través de “un control concurrente y vinculante”.

Asimismo, refirió que el citado proyecto de ley plantea realizar adjudicaciones en la mitad del tiempo, sin trámites largos que duran seis meses y van seguidos de arbitrajes, “sino contar con procesos sumarios, rápidos y ágiles, pero transparentes”.

“Creemos que el sector privado nos puede ayudar a ejecutarlo mejor. Entonces, estamos ampliando lo que es Obras por Impuestos, porque es un mecanismo que nos ayuda y amplía las posibilidades”.

Reubicación. Precisó, además, que hay cerca de 40,000 viviendas afectadas por las fuertes lluvias y huaicos en diversas partes del país, de las cuales, detalló, la mitad quedó totalmente destruida, mientras que las casas restantes pueden ser reconstruidas.

“En el proyecto hay un tema importante que se llama 'zonas de riesgo no mitigables', es decir, esas zonas en las que no hay forma de volver a construir porque son de riesgo. Vamos a ser muy estrictos para que no se construya ahí y buscar una reubicación”.

Zavala apuntó que se contempla que las instituciones del Estado puedan ceder determinados terrenos para crear nuevas urbanizaciones, así como desarrollar incentivos para que la población abandone las zonas de riesgo.