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En Apurímac, fracasó el diálogo del Estado con las comunidades. Desde la cárcel de Ancón, Zamir Villaverde reitera sus afirmaciones contra Pedro Castillo, pero no ofrece pruebas. Y en Huánuco, en un pseudo consejo de ministros, el ministro de Agricultura jura que se comprará 70,000 toneladas de fertilizantes. Oscar Zea nunca debió ser ministro de Agricultura.
Dos denuncias fiscales por sendos asesinatos debieron bastar para desechar la idea de darle esa responsabilidad a un educador que carece de experiencia en Agricultura. A eso se añaden los cuestionamientos a su desempeño como regidor en Huancané y su calidad de ex reo contumaz. Ahora como ministro, el señor Zea distorsiona la realidad del mundo rural porque dice creer que el descontento es consecuencia de la existencia de monopolios en su sector productivo.
El ministro no quiere reconocer la realidad del alza de precios de fertilizantes y transportes y recurre para eso al mismo pretexto que permite proponer una solución mágica: convocar una Asamblea Constituyente. Zea actúa como si los problemas internacionales y la mala gestión pudiesen ser disimulados tras una explicación simplista de todo: la constitución de 1993. Zea tiene mucho que explicar sobre los nombramientos que él ha decidido en el ministerio, en los que se discierne un patrón de conducta de irresponsabilidad y carencia de sentido del Estado.
El Congreso debería censurar al ministro Zea y contribuir a que las responsabilidades sean asumidas por un profesional con experiencia y con una hoja de vida que lo faculte para hablar con autoridad. La siembra y la cosecha tienen cada año calendarios y plazos que no pueden ser sometidos a la retórica del señor Zea. Estamos ante el riesgo de que el país padezca una crisis alimentaria y que numerosos agricultores quiebren. Más que contestar las 20 preguntas del pliego interpelatorio, Oscar Zea debería renunciar.
Las cosas como son
