Otra vez, cambio de ministro del Interior

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En toda circunstancia y en todo Estado, el ministro del Interior debe ser una persona con experiencia, liderazgo y honestidad. Sin esas tres virtudes no se puede diseñar y ejecutar políticas públicas que enfrenten los desafíos de la delincuencia y garanticen la seguridad ciudadana. 

Hay que conocer el funcionamiento de la Policía Nacional y la manera como su trabajo se articula con la Fiscalía, las municipalidades y las organizaciones de la sociedad civil. Todas las tareas del Estado dependen de la seguridad ciudadana porque cuando la vida, el transporte y el trabajo se hallan expuestos a la ley de los criminales resulta imposible crecer, producir, educarse y desplazarse. 

Esa es la situación en la que se hallan cada vez más personas en barrios y distritos de las periferias de nuestras ciudades. No se trata del riesgo eventual de ataques de bandas criminales sin escrúpulos y con capacidad de fuego. Ya vivimos en esa realidad, como evidencia la minería ilegal, la trata de personas, el sicariato y la extorsión. Por eso, hubiéramos podido esperar que el gobierno tome el mayor cuidado para designar a los titulares del ministerio del Interior. 

Pero los hechos muestran que viene sucediendo precisamente lo contrario: los ministros entran y salen sin dejar huella ni disponer de una estrategia de acción. En el caso de la salida de Walter Ortiz, ni siquiera sabemos por qué presentó su renuncia al término de pocas semanas en el puesto. 

Lo que se recordará de él es la desactivación del grupo de policías que colaboraba con el Equipo de fiscales especializados en la lucha contra la corrupción en el poder, el EFICOOP. Algo semejante podemos decir de los numerosos predecesores nombrados por la presidenta Dina Boluarte. 

Desde ayer el ministro del Interior es un civil, Juan José Santiváñez, con experiencia en el sector público y también en el ejercicio de la abogacía para reincorporar agentes expulsados de la Policía. Solo nos queda esperar que el nuevo ministro sepa responder a la gravedad de nuestra situación y que el Estado cese de cederle ventaja a la delincuencia.

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