por Redacción RPP
·El Ejecutivo prorrogó la medida excepcional tanto en Lima como en el Callao para enfrentar el incremento del crimen organizado.
El Gobierno prorrogó por 30 días calendario, a partir del 21 de diciembre del 2025, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao para hacer frente a la creciente ola de criminalidad.
El decreto supremo 140-2025-PCM, que dispone dicha medida, fue publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
Durante la vigencia de la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
El dispositivo establece también que en el plazo mencionado se restringirá o suspenderá el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Asimismo, detalla que para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo con el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2018-PCM, y la normatividad vigente.
"Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo", se lee en el decreto supremo.
Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia prorrogado por el artículo 1 del decreto supremo, el Comando de Coordinación Operativa Unificada informará al titular del Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos durante el régimen excepcional y a su culminación; precisando que el informe final es elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial con las recomendaciones correspondientes.
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