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por Sebastián Acosta
·Juan Falconi, quien preside este grupo de trabajo creado por el Ejecutivo, indicó que la presidenta Dina Boluarte ha recogido el sentir popular al poner sobre la mesa la aplicación de la pena de muerte a violadores de menores.
Juan Falconi, presidente de la Comisión sectorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) que debatirá aplicación de pena de muerte, indicó en RPP que la creación de este grupo de trabajo por parte del Ejecutivo permitirá descentralizar el debate a nivel nacional respecto de la aplicación de la pena capital para violadores de menores.
En declaraciones a Prueba de fuego de RPP, Falconi señaló que el hecho de que la presidenta haya planteado esta medida para hacer frente a las violaciones contra menores es un acierto y que recoge el sentir popular, de acuerdo con encuestas realizadas por 2018 y 2019.
“Creo que la presidenta, al abrir el debate, ha acertado muchísimo en una necesidad, en un problema público y en un sentir de la población. Al abrir el debate, se quiere la participación de la ciudadanía, de los pobladores que están ubicados a lo largo y ancho de nuestro territorio, que sea un debate público, plural, transparente y descentralizado”, sostuvo.
“No es ningún distractivo, hay encuestas de Ipsos de 2018, de 2019, donde la población está a favor de la pena de muerte para violadores de niños con 87 % y 88%. El IEP hizo una encuesta si no mal recuerdo este año, el año pasado, donde para los delitos más graves, el 72 % de la población está a favor de la pena de muerte”, agregó.
Objetivo de la comisión
Precisó que el objetivo de esta comisión es promover el debate con la ciudadanía y expertos, a fin de recoger la información sobre este tema y elaborar un informe que será remitido al Ejecutivo.
Al ser consultado sobre si el fin de este trabajo podría derivar en la salida de Perú del Pacto de San José, Falconi indicó que será responsabilidad de las autoridades el decidir qué hacer con el informe que presenten.
“Nosotros tenemos un encargo que es promover el debate, recoger esas actas, esa participación, hacer un informe y eso será un insumo que, en su momento, las autoridades políticas del Ejecutivo, del Legislativo, tendrán que evaluar, la decisión es de ellos. Yo no podría adelantarte, tenemos un encargo, en la comisión somos más de 15 personas y el encargo justamente es hacer un debate plural participativo, transparente y en eso nos estamos enfocando, el resto lo evaluarán los políticos, las autoridades que correspondan”, dijo.
Añadió que el grupo de trabajo es integrado por 16 personas y que entrará en funciones este martes 17 de diciembre, luego de que se defina al representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Sebastián Acosta Periodista
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