Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista y uno de los firmantes de la denuncia constitucional contra el presidente, explicó los fundamentos por los cuales el jefe de Estado podría ser inhabilitado
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales suspendió la sesión de hoy en la que se evaluaba el informe final de denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo.
Aunque aún no hay una fecha precisa en la que se retome la sesión, en la que se pasará al voto dicho informe, se prevé una mayoria de integrantes de la subcomisión que votarían a favor de su aprobación, con lo que pasaría a la Comisión Permanente del Congreso.
Como se recuerda, en una entrevista realizada el pasado mes de enero a la cadena CNN, el presidente señaló que una posible salida al mar para Bolivia, a través de territorio peruano, podría ser sometida a referéndum. Aunque días después pidió disculpas a la ciudadanía por esos dichos y afirmó que se "expresó mal", las consecuencias podrían traer serias consecuencias para el Ejecutivo.
¿Por qué procedería la acusación contra el presidente?
El abogado constitucionalista Ángel Delgado Silva quien, junto a juristas como Fernán Altuve y Lourdes Flores Nano, suscribió la denuncia contra el mandatario, explicó en RPP Noticias los fundamentos de la acusación.
“Las declaraciones del presidente de la república a un medio internacional (…) no son opiniones particulares, no son puntos de vista (individuales), sino que está hablando a nombre del Estado peruano, en la medida que personifica a la nación y es el jefe de la política exterior. Sobre esto, hay una reiterada jurisprudencia en el derecho internacional. No una, sino varias veces, las cortes internacionales han tomado como un elemento de vinculación, o sea obligatorios, declaraciones que han hecho los presidentes, incluso en condiciones que no lo hacían con la formalidad del caso", explicó.
En ese sentido, indicó que las declaraciones del mandatario expusieron al país a un "conflicto internacional innecesario" y ponian en riesgo "la integridad de la soberanía estatal y el territorio".
"Lo que hay que tener en claro es que, en el ámbito del derecho constitucional, no son meras opiniones, sino son actos propios que vinculan a quien lo dice, vinculan al país, sobre todo. Entonces, este es un tema que quizá muchas personas no terminan de entender, pero los jefes de Estado no pueden ir expresando sus pareceres así nomás (…), por eso tienen detrás de ellos todo un aparato, como la Cancillería, que formulan la política internacional", sostuvo.
Asimismo, remarcó que con la acusación constitucional no se está determinando "si el presidente cometió un delito o no", pues ello, según dijo, le correspondería al Poder Judicial; pero sí, estaban "abriendo las puertas" para que el mandatario sea procesado penalmente por sus declaraciones.
"Nosotros no somos nadie para calificar si se ha cometido o no un delito de traición a la patria, tampoco lo va a hacer el Congreso. Esa es una tarea que únicamente le corresponde a la judicatura, al Poder Judicial. Lo que hacemos nosotros es advertir que estos hechos son peligrosos y que son infracciones constitucionales, porque viola varios artículos de la Constitución que son obligaciones del Presidente", precisó.
Respecto a que el presidente, en la mencionada entrevista, se refirió a la posibilidad de un referéndum, mas no habló de una acción definitiva, Delgado Silva indicó que la sola declaración ya traía implicancias en el derecho internacional.
"Lo que pasa es que cuando está declarando la posibilidad de un referéndum, se está refiriendo a una cesión territorial, a un acto internacional, no un acto privado. Entonces, esto saca de lado lo que en su momento hizo Fujimori, hizo García. Estamos ante un problema de derecho internacional porque las declaraciones de los jefes de Estado vinculan", señaló.
"Que se haya hecho la denuncia probablemente paralizó los actos, pero si tomamos en cuenta que el presidente de la cámara de diputados de Bolivia agradeció, hizo suyo, tomó nota del ofrecimiento de Castillo, estamos ante actos que tienen consecuencias jurídicas en el ámbito internacional. Ese ámbito es un acto muy sensible", agregó.
¿Qué consecuencias traería la aprobación de la denuncia constitucional contra el presidente?
Respecto a las consecuencias ante una eventual aprobación de la acusación constitucional contra el presidente, el constitucionalista subrayó que se levantaría la inmunidad del mandatario y quedaría suspendido del cargo.
"Lo que se hace es que proceda la acusación constitucional y se pone al presidente de la república a disposición de la Fiscalía y del Poder Judicial para que ellos determinen la existencia o no del delito en última instancia. Pero, para eso, se suspende el mandato, se suspende la inmunidad, para que él pueda, en un proceso ya abierto, ser procesado (…), se le tiene que levantar, primero, la inmunidad presidencial", argumentó.
En esa línea, indicó que el levantamiento de dicha inmunidad "es lo que persigue este trámite de la acusación constitucional", ya que "ella misma no lo va a condenar por traición a la patria, eso sería imposible".
"El Congreso sigue en funciones, pero Castillo ya va a dar cuenta ante el Poder Judicial y previa investigación fiscal si tiene responsabilidad penal por estos actos que, desde nuestro punto de vista, son graves infracciones constitucionales", sotuvo.
Asimismo, precisó que las infracciones constitucionales inhabilitan al presidente e implican su destitución de la representación de la nación peruana.
"La destitución puede ser por delito o por infracción a la Constitución. Por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, no estamos hablando de delitos, en el caso del expresidente Vizcarra tampoco, eran infracciones a la Constitución. Entonces está claro que lo que ha dicho Castillo está violando el artículo 54 que dice que el territorio es inalienable, inviolable. Los artículos que dicen que tiene que defender la soberanía, la integridad del territorio. Hay 4 o 5 artículos que acreditan perfectamente que él está contraviniendo sus deberes constitucionales. Es una gravísima infracción que hace el jefe de Estado", puntualizó.
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