Martín Vizcarra | Fuente: Presidencia

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El presidente Martín Vizcarra escogió un mal día para expresar su opinión a propósito del acuerdo de colaboración eficaz firmado por la Fiscalía y Odebrecht. Durante meses se ha discutido sobre el monto de la reparación, la modalidad y el plazo del pago, y la autorización para que la empresa corruptora pueda seguir trabajando en el Perú. Los defensores del acuerdo sostienen que la reparación ha sido fijada de acuerdo a ley, que el interés del país es evitar la quiebra de Odebrecht y sobre todo que la prioridad debe ser contar con colaboradores brasileños para conocer la verdad de lo sucedido en nuestro país.

El acuerdo debe ser validado por el Poder Judicial, pero desde ya ha permitido que fiscales peruanos interroguen en Brasil a ejecutivos de Odebrecht. Y que otra empresas brasileña, OAS, se decida a acogerse a la colaboración eficaz. Sectores de la oposición han combatido el Acuerdo, considerándolo una “claudicación del Estado”. Pese a las denegaciones de los opositores más recalcitrantes, el espectro de la vacancia volvió a planear sobre el Congreso. Y justamente este viernes, el Pleno aprobó una moción de interpelación al ministro de Justicia. Su promotora es, naturalmente, Yeni Vilcatoma.

En estas circunstancias, Martín Vizcarra ha hecho saber que a él le parece insuficiente el monto de la reparación. La última vez que se había referido al Acuerdo fue para sostener que Odebrecht no debería obtener más contratos con el Estado. Ese mismo día, el ex fiscal Chávarry aprovechó para remover a José Domingo Pérez y Rafael Vela. La lucha contra la corrupción no se lleva a cabo solo con fervor justiciero.

Requiere también tener por lo menos la misma serenidad estratégica que los delincuentes sofisticados que han utilizado todos los recursos jurídicos, financieros e ingenieriles para saquear nuestro país. La serenidad permite saber cuándo se debe hablar y cuándo callar.

Brexit

Para terminar la semana podemos aprender lecciones sobre las soluciones que se buscan a conflictos en otras partes del mundo. Es el caso del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido por el apelativo de BREXIT. El gobierno conservador de David Cameron convocó a un desafortunado referendo que dio motivo a torrentes de demagogia practicada por políticos nacionalistas que atribuían todos los problemas del país a la pertenencia al más importante espacio de integración económica y política del mundo.

Algunos partidarios del BREXIT se retiraron de la vida política cuando quedó claro que sus argumentos estaban basados en falsedades, las mismas que llevaron a una división del país, entre los habitantes del campo y los de las ciudades, entres jóvenes y mayores. Es decir, entre los que asumen la globalización con optimismo y los que temen que ella los obligue a renunciar a costumbres y privilegios.

El Parlamento británico reconoció ayer que dos años después del referendo no ha sido capaz de aprobar un plan de salida y por eso aprobó solicitar a la Unión Europea la extensión del plazo. En la obsesión por restablecer una imagen soberanista, no se tomó en cuenta la división de la isla de Irlanda, en la que coexisten una República que sigue siendo parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, que votó a favor del BREXIT.

¿Pero cómo  hacer para que la libre circulación europea de personas y capitales se detenga en una frontera que costó décadas pacificar? El conflicto entre irlandeses e ingleses remonta hasta la invasión normanda de 1169, es decir antes del enfrentamiento entre Pachacutec y el reino chanca. ¿Tan fácilmente se puede perder el sentido de la historia cuando la demagogia proteccionista se apodera de una campaña electoral?

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