En RPP, el abogado Andy Carrión dijo que, previamente, la jueza Carbajal Chávez ha conformado un tribunal de la Corte Suprema que resolvió un recurso que presentó la defensa legal del expresidente Pedro Castillo.
El abogado penalista Andy Carrión opinó que la magistrada Norma Carbajal debería inhibirse del juicio que enfrenta el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado en diciembre de 2022.
"Haría bien al proceso. Imagínate tú que se emite una sentencia condenatoria y que luego en tribunales internacionales se cuestione que una jueza que, precisamente ha participado del fallo, ya haya tomado una decisión de los alcances del delito previamente al juicio”, dijo en el programa Las cosas como son de RPP TV.
Carrión Zenteno explicó que, previamente, la jueza Carbajal Chávez integró un tribunal de la Corte Suprema que resolvió un recurso de apelación que presentó la defensa legal del exjefe del Estado. A su juicio, esto debió impedir que fuera designada en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que lleva actualmente el caso y que la conforma también el juez supremo José Neyra Flores y el magistrado Iván Guerrero López.
“La jueza Carvajal Chávez ya se ha pronunciado sobre el alcance del delito de rebelión. Y ella ha señalado expresamente en alguna de esas resoluciones de que el delito de rebelión implica no necesariamente la utilización de armas. Entonces, ya no hay nada que hacer, porque esa convicción que ella ha formado dentro de las decisiones que ha tomado, necesariamente las va a plasmar dentro de una decisión de fondo”, sostuvo.
Corte Suprema “debería de guardar las formas”
De acuerdo con el abogado, la “alta rotación” de magistrados, debido al reducido número de jueces supremos titulares en el país, “ha hecho que a ella” la nombren en este tribunal de enjuiciamiento, “cuando eso no debió” de ocurrir.
“Entonces, creo que eso más bien aporta a la estrategia de victimización del expresidente Castillo”, remarcó.
Frente a este escenario, Andy Carrión sostuvo que “para garantizar una eventual sentencia condenatoria o absolutoria”, la Corte Suprema “debería de guardar las formas, porque no solamente es una imparcialidad subjetiva, sino también objetiva, es decir, también demostrar la objetividad de cara a quienes legitiman las decisiones de los jueces”.
En otro momento, el especialista mencionó, en referencia a los otros procesados, como Betssy Chávez (presidenta del Consejo de Ministros), Willy Huerta Olivas (ministro del Interior) y Aníbal Torres Vásquez (exasesor), que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema tiene que “garantizar los derechos” de los imputados, porque la decisión final que tomen los magistrados “se legitimaría aún más”.
“La sala, desde mi perspectiva, está cometiendo ciertos errores que, en adelante, le va a costar la legitimidad de la decisión que tomen”, advirtió.
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