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Abogado de Fujimori sobre matanzas de Barrios Altos y La Cantuta: “¿Por qué debería pedir perdón una persona que no ha cometido ese delito?”

La Corte IDH ordenó al Estado peruano abstenerse de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que restituye el indulto a Alberto Fujimori.
La Corte IDH ordenó al Estado peruano abstenerse de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que restituye el indulto a Alberto Fujimori. | Fuente: Andina

El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, indicó que la resolución de la Corte IDH sobre el indulto al expresidente valora más el derecho patrimonial que la vida. Añadió que por la edad de su cliente es evidente que no se podrá pagar la reparación civil de 51 millones de soles.

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Elio Riera, abogado del Alberto Fujimori, consideró que el exmandatario no debería pedir perdón por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pues son delitos que no cometió y el proceso en el que se le sentenció no permitió que se defendiera.

En declaraciones a La rotativa del aire edición sábado-noche de RPP Noticias, la defensa legal del exmandatario cuestionó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena a Perú abstenerse de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que restituye el indulto a Alberto Fujimori.

Según indicó, esta medida valora más un derecho patrimonial que el derecho a la vida, pues pone como condición para otorgar el indulto que se cancele la reparación civil de 51 millones de soles, además de pedir perdón a las familias de las víctimas de estos crímenes.

“(La Corte IDH) da a entender que la figura del indulto humanitario no es compatible con sus propios pronunciamientos, pero va más allá e indica que se tiene que cumplir con un estándar que crea la propia Corte IDH, al hacer mención de que tiene que pedirse perdón y que tiene que realizarse el pago de una reparación civil”, indicó.

“¿Por qué debería pedir perdón una persona que no ha cometido ese delito? Si una persona que no ha tenido la posibilidad de defenderse ha sido sentenciada por un delito en el cual nunca tuvo algún acto procesal donde se le permitiera ejercer su derecho a la defensa, ¿por qué tendría que pedir perdón?”, manifestó en otro momento el abogado.

Sobre pago de reparación civil

En esa línea, Riera indicó que Alberto Fujimori no puede pagar los 51 millones de soles de reparación civil que debe al Estado peruano. Añadió que ha conversado al respecto con el expresidente y que el único objetivo que tienen es buscar la nulidad de la sentencia por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

Reiteró que el exjefe del Estado nunca fue imputado ni investigado en estos casos y que “fue incluido por los señores magistrados al momento de la sentencia. Por tanto, calificó el proceso como una “contravención al debido proceso”, debido a que Fujimori no se pudo defender.

“Lo que hemos conversado en poco más de año y medio que venimos realizando la defensa de los casos del señor expresidente es sostener nuestra posición de que esa sentencia, incluyendo la palabra lesa humanidad, ejemplifica lamentablemente una contravención al debido proceso, porque él nunca se pudo defender por ello. Nosotros estamos buscando, desde un comienzo, la nulidad de esto y como es una justa causa lo tenemos que hacer y lo vamos a lograr”, dijo.

Resolución de la Corte IDH

La Corte IDH resolvió que el Estado peruano debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional con la que quedaba restituido el indulto por razones humanitarias a Alberto Fujimori.

Esto en atención a la solicitud de medidas provisionales y supervisión del cumplimiento de sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta que realizaron los familiares de las víctimas de esas matanzas.

En su resolución, el ente supranacional resolvió que se realice una supervisión específica al indulto “por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori, mediante la supervisión de cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Además, que el Estado peruano presente un informe sobre el cumplimiento de la obligación de “investigar, juzgar y sancionar en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el TC” ante la Corte IDH, a más tardar el 13 de mayo de 2022.

Judiciales

"Nosotros estamos buscando, desde un comienzo, la nulidad de esto y como es una justa causa lo tenemos que hacer", indicó el abogado.

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