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por Oswaldo Palacios
·En RPP, el abogado Luis Vivanco dijo que un magistrado “debe estar alejado de cualquier convicción o sesgo político”.
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, defendió la situación legal de su patrocinando y afirmó que “tiene todos los arraigos” necesarios. La Fiscalía pidió prisión preventiva para el hermano de la presidenta de la República al acusarlo de líder la red criminal 'Los waykis en la sombra'.
En el programa Nunca es tarde de RPP TV, Vivanco explicó que ha presentado documentación que respalda la actividad profesional de Boluarte, incluyendo recibos por honorarios, declaraciones de impuestos y un contrato laboral con una empresa.
“Él se dedica al ejercicio libre de la profesión y hemos documentado ampliamente su labor”, aseguró. Además, destacó el “arraigo familiar” de Nicanor Boluarte, quien está casado y tiene dos hijos, y reside en el distrito de San Borja, en la provincia de Lima.
Luis Vivanco también se pronunció sobre la reciente decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró inaplicable la cuestionada Ley N.° 32108 —que modificó el delito de crimen organizado— en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.
“Que un juez diga que inaplica una ley, porque se ha promulgado con nombre propio, para mí es un comportamiento temerariamente prevaricador”, criticó.
A su juicio, un magistrado “debe estar alejado de cualquier convicción o sesgo político”. “Eso no es un control difuso, sino politizar la función jurisdiccional”, remarcó.
Vivanco añadió que la función jurisdiccional debe mantenerse imparcial.
El argumento Concepción Carhuancho
En su resolución, el juez Concepción Carhuancho indicó que la Ley N.° 32108 sería una norma "con nombre propio que habría entrado en vigor con el objeto de favorecer a quien promovió dicha ley, prueba de ello es que el congresista Waldemar José Cerrón Rojas, autor de la referida ley, y que a la vez se encuentra investigado por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el Expediente 69-2021-0 (caso Dinámicos del Centro), ante el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, peticionó una excepción de improcedencia de acción en contra del delito de organización criminal que se le imputó".
¿De qué se le acusa a Nicanor Boluarte?
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder planteó en agosto pasado el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta Dina Boluarte), Mateo Castañeda (exabogado de la jefa del Estado), Jorge Luis Ortiz Marreros (extitular de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior), Jorge Chingay Salazar (amigo de Nicanor Boluarte), Noriel Chingay Salazar (exprefecto Regional de Cajamarca) y Zenovia Herrera Vásquez (exjefa del programa Qali Warma de la región de San Martín) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado, a raíz del caso 'Los waykis en la sombra'.
Testigo implica también a la mandataria
De acuerdo con el Ministerio Público, esta presunta red se dedicaba a designar prefectos y subprefectos a nivel nacional para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte.
Investigaciones periodísticas han denunciado que Boluarte Zegarra habría solicitado importante sumas de dinero a los que ocupaban el cargo de prefectos y subprefectos, a quienes además se les exigía recolectar firmas y afiliar a personas a la agrupación política en formación. Todo esto gracias al “apoyo” de la presidenta Dina Boluarte, según contó el expersonero legal de Ciudadanos por el Perú, Edwin Ugarte, ante la Fiscalía.
La tesis fiscal refiere que Nicanor Boluarte sería el líder de esta supuesta red criminal al haber ejercido poder para instrumentalizar el aparato estatal en beneficio de dicha organización política.
“Nicanor Boluarte permanentemente se comunicaba con los coordinadores a nivel nacional para que le informen sobre cómo se iba llevando a cabo las filiaciones, quiero precisar que las tareas de afiliar personas eran realizadas por los prefectos regionales y subprefectos tanto provinciales como distritales”, declaró el testigo clave Ugarte Nina, según cita el dominical Cuarto Poder.
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Oswaldo Palacios Portadista
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