Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, cuestionó que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación no menciona ninguno de los presuntos delitos que se encuentran dentro del artículo 117 de la Constitución.
El abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo, cuestionó la denuncia constitucional contra el jefe de Estado por parte de la fiscal de la Nación y adelantó que presentará un recurso para que un juez determine si esto vulnera la imposibilidad de que sea denunciado por otros supuestos que no están previstos en la Constitución.
"No tenemos conocimiento, nosotros no la hemos puesto; sin embargo, ya el juez la evaluará el tema de la pertinencia, contundencia, utilidad, pero todos los derechos constitucionales del presidente deben ser respetados. Hay que dejar en claro que el artículo 117 de la Constitución señala que el presidente solo puede ser acusado por el delito de traición a la patria, haber cerrado el Congreso o impedir las elecciones", señaló.
"El documento (denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación) habla de todo menos del delito de traición a la patria, menos del cierre del Congreso y peor aún del tema de las elecciones. Entonces, de cara al artículo 117, que textualmente pone delitos, no hay ninguno de esos delitos en referencia", agregó.
El abogado cuestionó también que en la acusación también se haga referencia a una supuesta reunión entre los abogados del presidente Pedro Castillo, el ministro Félix Chero, Eder Vitón y Beder Camacho para evaluar la tesis de la Fiscalía. Según dijo, no existen registros en Palacio de Gobierno de este encuentro mencionado en la denuncia constitucional.
"Es tan irresponsable el actuar de esta señora que firma un documento sin haber recabado, por lo menos, si ese día, que hace referencia a esa hipotética reunión, hubo reunión aquí en Palacio de Gobierno en atención a que existe un registro de ingreso, unas filmaciones e incluso ustedes (prensa) están en la puerta. Jamás existió esa reunión", apuntó.
"La fiscal de la Nación no necesita personas que la desacrediten, basta con ella misma que ha presentado esta denuncia que no tiene ninguno de los (supuestos) del artículo 117 para advertir que ilegalmente está actuando", añadió.
Denuncia constitucional "es un atropello"
Sobre este tema, Benji Espinoza, el segundo abogado del presidente Pedro Castillo, adelantó que presentará un recurso para que un juez determine si la denuncia constitucional vulnera la imposibilidad de que sea denunciado por otros supuestos que no están previstos en la Constitución.
"Es una denuncia bastante inconstitucional porque lo que busca es desconocer los límites impuestos en el artículo 117 de la Constitución, que reconoce la inviolabilidad de la investidura presidencial mientras el presidente ejerce su mandato", señaló.
"Este atropello supone un desconocimiento y un abierto desacato a una orden judicial expedida por el doctor (Juan Carlos) Checkley, así que vamos a presentar una acción de tutela de derecho para que el juez supremo convoque a una audiencia y determine si se ha violado la tutela judicial", agregó.
En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Pedro Castillo explicó que en esta audiencia se deberá determinar "si se están desconociendo los alcances" de la resolución judicial que, a su criterio, el juez Juan Carlos Checkley estableció que el mandatario no puede ser objeto de una acusación constitucional durante su mandato.
En otro momento, Benji Espinoza dijo que no forma parte de la demanda de amparo contra el Congreso para que se anulen investigaciones en contra de Pedro Castillo; sin embargo, recordó que la ley establece que este recurso puede ser presentado por cualquier ciudadano "que considere que se está afectando la constitución", sin un aval del mandatario.
"Todo esto se evitaría si el Congreso, con respeto a la Constitución, declara improcedente esta denuncia constitucional. Esta denuncia es una invitación a que los congresistas violen la Constitución porque los que lo hagan se van a convertir en infractores constitucionales y pueden terminar inhabilitados. Violar la Constitución tiene consecuencias", advirtió.
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