por Sergio Espinoza
·En Enfoque de los Sábados, analistas y dirigentes coincidieron en enfrentar la inseguridad en el sector transporte requiere una estrategia integral que combine inteligencia, prevención, tecnología, articulación institucional y recuperación de la confianza ciudadana.
La inseguridad ciudadana, particularmente la vinculada al transporte público, continúa siendo uno de los principales problemas en Lima. En las últimas semanas, una seguidilla de atentados, ataques armados y casos de extorsión contra empresas y conductores ha reavivado el debate sobre la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno de José Jerí y la necesidad de una estrategia integral.
Desde el sector empresarial del transporte, Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao -que agrupa a 70 empresas-, sostuvo que la lucha contra el sicariato y la extorsión requiere liderazgo político y trabajo de inteligencia.
“Siempre hemos señalado que estos temas de la extorsión y el sicariato no se solucionan ni con una ley ni con un paro. Es un trabajo de inteligencia que tienen que hacer las autoridades”, afirmó.
El dirigente resaltó que recientemente se ha aprobado un marco normativo que apunta a enfrentar estos delitos, aunque advirtió que su efectividad dependerá de su implementación. “Ha salido un marco normativo que sale del sector transporte y que es el único que hoy día está caminando. Este marco normativo creemos que ayudaría a combatir la extorsión, pero realmente”, señaló.
Vargas hizo referencia a la ley contra la extorsión y el sicariato que, según el presidente José Jerí, entrará en vigor desde este lunes, 19 de enero.
Así, enfatizó la necesidad de conformar una unidad de élite integrada por los mejores cuadros de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Si ellos no trabajan de manera articulada, se va a avanzar”, agregó.
En esa línea, indicó que el reglamento debe contemplar condiciones que reduzcan la corrupción, como una adecuada remuneración, capacitación y recursos tecnológicos.
Desde los gremios que impulsaron el reciente paro de transportistas, Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, explicó que la medida respondió a una escalada de violencia sin precedentes.
“Este paro fue básicamente por una racha, la verdad, una racha maldita, que se estableció de 11 días: diez atentados, dos fallecidos, varios heridos y dos ataques con granada de guerra, cosa que ya escapaba a situaciones de un delito simple”, señaló.
Ojeda subrayó que el objetivo de la protesta fue exigir mayor prevención y no solo reacción frente a los crímenes.
“Si no hay prevención, las muertes siguen y la gente pierde esa confianza”, advirtió, al tiempo que expresó la expectativa de que una mejor investigación permita frenar la violencia, aunque insistió en que ello debe ir acompañado de medidas preventivas sostenidas.
Cuestionan falta de estrategias de investigación criminal
Desde una mirada técnica y jurídica, el abogado penalista y doctor en Derecho Penal, Miguel Pérez Arroyo, advirtió que el avance de la criminalidad tiene efectos directos en el comportamiento social y en la economía.
“El crecimiento de la criminalidad hace que la población desarrolle un conjunto de trastornos de comportamiento, de conducta, que finalmente impacta directamente contra la economía”, explicó.
Pérez Arroyo cuestionó la falta de continuidad en las estrategias de investigación criminal y los constantes cambios en las unidades policiales.
“Eso ocurre básicamente por decisiones en el Ministerio del Interior, por cambios permanentes en la Policía y por descabezamientos en las unidades que han sido eficientes en la lucha contra la criminalidad”, señaló.
Asimismo, puso énfasis en las limitaciones tecnológicas del país para combatir la extorsión.
“Todo el mundo habla de geolocalización, pero en el Perú no existe geolocalización. En Perú existe georreferenciación, es decir, no se ubica a una persona en un punto exacto, sino a partir de una antena de transmisión”, precisó.
La inseguridad es una de las preocupaciones ciudadanas desde hace más de diez años
Desde el análisis de la percepción ciudadana, Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos -una iniciativa de la cual RPP es socio fundador-, señaló que la inseguridad sigue liderando las preocupaciones de la población desde hace más de una década.
“Ninguna sorpresa que la inseguridad ciudadana sea el principal. Ha ocurrido cada uno de los quince años”, indicó.
Alegre explicó que los estudios de percepción también vinculan la seguridad con el transporte y la movilidad urbana.
“Miramos aspectos relacionados al transporte y la movilidad, el nivel de satisfacción con los servicios y los atributos que la gente valora más, por ejemplo, en el Metro de Lima o en el Metropolitano”, detalló.
Además, destacó que existe una mayor percepción de miedo en Lima que en el Callao en delitos como robos y extorsiones.
“En temas de seguridad, hay más percepción de miedo y de inseguridad en Lima que en Callao, salvo en homicidios, que es un delito más violento”, puntualizó.
Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas
El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
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