El juez Rafael Martín Martínez indicó que era necesario un traductor de quechua del dialecto cusqueño, ya que solo se tenía un intérprete de la variante ayacuchana. Además, el expresidente Alberto Fujimori no se presentó en la audiencia virtual.
El Poder Judicial suspendió este lunes la audiencia virtual en la cual el Ministerio Público tenía que presentar los cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, exministros de Salud y otros exfuncionario de su gobierno por el caso de esterilizaciones forzadas.
La audiencia estuvo a cargo del juez Rafael Martín Martínez, del Juzgado Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado, y fue realizada mediante videoconferencia.
El magistrado decidió suspender la audiencia del caso de esterilizaciones forzadas luego de escuchar los pedidos de los abogados, quienes sostenían que era necesario un traductor de quechua para las agraviadas, como el dialecto cusqueño. Cabe indicar que en la audiencia había un traductor solo de la variante ayacuchana.
"Vamos a suspender la presente audiencia para la siguente fecha. Vamos a oficiar a la entidad correspondiente para que pueda incorporar un interprete en el idioma quechua en las variantes más significativas que puedan representar a ese número de personas agraviadas que tengan esa relación y ese vínculo con el idioma, con la única finalidad que éstas puedan tener un cabal entendimiento y comprensión de la audiencia", resolvió.
Además, el juez informó que la fecha de la nueva audiencia será notificada a cada uno de los correos y casillas electrónicas brindadas por las partes, a efectos de lograr la coordinación.
El exmandatario Alberto Fujimori no estuvo presente. El abogado César Nakazaki aclaró que Alberto Fujimori no tenía la obligación legal de concurrir al estar protegido por el Tratado de Extradición Perú-Chile, ya que este caso no forma parte de procesos penales de su extradición.
Involucrados en la denuncia
La denuncia involucra a Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, denunciados como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
También incluye a Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar en el caso de Mamérita Mestanza, quien falleció tras ser sometida a un proceso quirúrgico de ligadura de trompas.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre los años 1996 y 2000, se implementó el Programa de Anticoncepción Quirúrgica voluntaria (AQV), el cual ha sido denunciado como un programa de esterilización forzada contra mujeres, sobre todo campesinas.
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