Organismos de derechos humanos cuestionan ley que beneficiaría a Alberto Fujimori

El Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresaron su preocupación frente al proyecto de ley presentado por el partido fujimorista Fuerza Popular, y aprobado en el Congreso, que permite el arresto domiciliario para adultos mayores. Ambos organismos advirtieron que esta norma podría exonerar del cumplimiento efectivo de la pena de prisión al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos.

A través de un pronunciamiento, señalan que el proyecto aprobado por el Congreso se presentó tan sólo unos días después de que la Corte Suprema anulara el indulto concedido a Fujimori en diciembre de 2017, luego de que se constatara que se habían vulnerado los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Asimismo, recuerdan que el exmandatario fue condenado por delitos calificados por algunos organismos internacionales como crímenes de lesa humanidad "que no están sujetos a prescripción, amnistías, ni otras eximentes que generen impunidad".

"Desde WOLA y CEJIL celebramos cualquier medida legislativa que tenga el efecto de proteger los derechos humanos de la población adulta mayor o con discapacidad que se encuentre en los centros de privación de libertad, lo que además podría reducir el hacinamiento y sobrepoblación en los centros penitenciarios peruanos. Sin embargo, dicha medida no puede bajo ningún concepto ser utilizada como mecanismo de impunidad frente a personas que han sido condenadas por crímenes internacionales, incluyendo crímenes de lesa humanidad, como es el caso del expresidente Fujimori y otras personas condenadas por dichas violaciones", señalan en un comunicado.

En su pronunciamiento, ambos organismos defensores de los derechos humanos mencionan que frente al indulto concedido a Fujimori a finales de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclaró que los beneficios penitenciarios no pueden ser concedidos frente a graves violaciones de derechos humanos, sin una ponderación de la afectación a los derechos de las víctimas, que debe valorar si la persona condenada ha cumplido una parte significativa de la condena, ha pagado la reparación civil, o ha asistido al esclarecimiento de la verdad, entre otros factores.

En ese sentido, alertaron que Fujimori no ha cumplido todavía los dos tercios de su condena, además de no haber pagado la reparación civil impuesta por los tribunales y negarse a aportar información para esclarecer los crímenes. "Los familiares de las personas desaparecidas en el caso La Cantuta siguen sin saber dónde están los restos de sus familiares, negándoseles intencionalmente la posibilidad de aminorar su sufrimiento", señalan.

“Desde que fue declarado culpable, Fujimori ha intentado por múltiples vías evitar el cumplimiento de su condena. Esta ley representa una nueva maniobra de los fujimoristas para volver a atentar contra la dignidad de las víctimas y otorgar un beneficio contrario a las obligaciones internacionales del Perú. Esperamos que el presidente Martín Vizcarra se oponga a este proyecto de ley y no lo firme”, señaló Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA.

En tanto, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, declaró que “la Corte Interamericana fue muy clara señalando las condiciones bajo las cuales se podría indultar o otorgar beneficios a Fujimori. La nueva ley no modifica la orden del tribunal. Las organizaciones internacionales mantendremos un monitoreo muy cercano de esta situación y no dudaremos en acudir a las instancias internacionales de nuevo para defender el derecho de las víctimas a la justicia efectiva”.