La exprocuradora criticó la revocación de la prisión preventiva a los ejecutivos que consorciaron con Odebrecht y dijo que jueces no consideraron pruebas de la Fiscalía.
La exprocuradora ad hoc, Katherine Ampuero, cuestionó este domingo la liberación de tres representantes de las empresas consorciadas con la constructora brasileña Odebrecht, debido a que no se consideró los elementos que presentó la Fiscalía.
Según explicó, el fundamento de los jueces no consideró el acuerdo de la Corte Suprema, que estipula que los delitos de lavado de activos son autónomo del delito fuente (colusión). Precisamente por estos delitos el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para los ejecutivos de JJ Camet, ICCGSA y Graña Montero el 4 de diciembre de 2017.
“Los jueces han dado un grave retroceso en la lucha contra la corrupción. Dicen que como no hay suficienes elementos de convicción sobre colusión, tampoco lo hay para el lavado. Y en ambos delitos la Fiscalía sí los ha presentado”, dijo Ampuero al diario Correo.
Pruebas de la Fiscalía
Ampuero también se refirió a las pruebas que presentó la Fiscalía, como el Acta General de Accionistas, donde se reveló que las consorciadas transferían utilidades a Odebrecht bajo el concepto de riesgos adicionales.
Este dinero luego fue usado por la constructora brasileña para presuntamente sobornar al expresidente Alejandro Toledo a fin de que este les brinde la licitación del tramo II y III de la Carretera Interoceánica. Actualmente sobre el exmandatario pesan dos pedidos de prisión preventiva por 18 meses; sin embargo, este permanece prófugo en Estados Unidos.
“Este documento corrobora lo dicho por Jorge Barata, expresidente de Odebrecht. ¿A cambio de qué los empresarios trasladador sus utilidades para Odebrecht?”, dijo Ampuero y aseguró que cuando las consorciadas transfirieron sus utilidades a la constructora brasileña incurrieron en “acto de conversión”, lo que representa el lavado de activos.
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