Caso de ascensos irregulares implica organización criminal, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias, afirma penalista

El abogado penalista Fernando Silva La Rosa se refirió a la situación del exministro de Defensa Walter Ayala y los implicados en el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). Ante ello, precisó que los presuntos delitos cometidos responden a los ilícitos de organización criminal, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias.

"Primero, estamos aquí nosotros frente a una investigación por organización criminal. No perdamos de vista que la Fiscalía tiene como origen la organización criminal que dirigía el expresidente Pedro Castillo. Esa organización criminal tenía un brazo policial o por lo menos intentó tener un brazo policial y para lograrlo requería cambiar a las autoridades policiales en ese momento para que fueran los que lo apoyaran, por ejemplo, en el intento fallido de golpe. Pero ese cambio de autoridades, dentro de la estructura criminal, generó también el esquema de corrupción, donde los generales pagaban para comprar su ascenso. Ahora, ¿de quién dependía ese ascenso?, ¿cómo se generaba? Esa es la parte que está investigando la Fiscalía ahora y ahí tenemos organización criminal, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, enfatizó en que los pedidos de detención preliminar se han tramitado por solicitud de la Fiscalía y posterior aprobación del Poder Judicial, lo que implica no solo una argumentación, sino la vinculación con determinadas pruebas.

"Quien ordena la detención preliminar es el juez y lo hace por un pedido del fiscal, pedido que debe tener requisitos, y uno de ellos es justamente la argumentación de la vinculación con elementos de prueba de las personas a ser detenidas con el hecho imputado. Entiendo que en la resolución y el pedido de la Fiscalía se sustenta en colaboraciones eficaces corroboradas y elementos de prueba que tiene la Fiscalía a cargo, evaluado por el juez", manifestó.

"Estamos en una detención preliminar y el concepto de una detención preliminar es para realizar las diligencias urgentes e inaplazables para evitar que los elementos de prueba desaparezcan, que es uno de los cuestionamientos que hace el exministro Ayala, que dice que después de tantos meses hacen los allanamientos. Pero recuerde que la Fiscalía trabaja con un equipo de la Policía especial también. Algún nivel de información debe tener que existen en esas oficinas documentación que ayudan a la Fiscalía a probar la tesis que estaban sosteniendo", agregó.

La detención preliminar es un escalón previo a una prisión preventiva

Con respecto a los demás implicados en el caso, consideró que el paso siguiente sería el pedido de una prisión preventiva, ya que incluso algunos se encuentran actualmente prófugos de la justicia.

"Cuando un fiscal solicita una detención preliminar, que es un escalón previo a una prisión preventiva, tiene como base legal razones plausibles para suponer que una persona va a fugarse o a obstaculizar la justicia. Esas razones plausibles se convierten en un elemento de prueba cierto cuando es una persona que evade la acción de la justicia. La situación de las personas que han evitado su detención sea porque les avisaron o porque simplemente lograron escapar antes de que se le retenga, están poniendo en evidencia su intención de fuga con un dato objetivo", señaló.

"No solo los implicados podrían acogerse a la colaboración eficaz, sino que el juez ha ordenado además la extracción de información de sus aparatos celulares, computadoras, etc. Eso es lo que en realidad le da mucha información a la Fiscalía, porque además es el levantamiento del secreto a las comunicaciones. Con eso la Fiscalía puede lograr todo un mapa donde también la persona que está detenida no le queda más que volverse colaborador o aceptar la convicción del hecho o defenderse con lo que encuentre", culminó.