El pedido de extradición de César Hinostroza fue formulado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y está dirigido al Gobierno de España, país donde se encuentra recluido el exjuez supremo.
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud de extradición del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, formulada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la cual está dirigida al Gobierno de España.
El Tribunal dispuso también remitir todos los documentos al Ministerio de Justicia, a través de la Presidencia de la Corte Suprema.
Durante la audiencia realizada en vísperas, la defensa del suspendido magistrado, Segundo Vitery, sostuvo que no se puede alegar que su patrocinado sea líder de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Además, indicó que este no fue acusado por ello ni en la Subcomisión del Congreso, ni en la Comisión Permanente.
Como se recuerda, Hinostroza fue exonerado como miembro de la organización criminal. Sin embargo, la medida fue cambiada en el Pleno por mayoría.
La Sala que decidió el pedido está presidida por Elvia Barrios Alvarado y conformada por los jueces Manuel Quintanilla, Iris Pachecho, Sabina Chávez y Jorge Castañeda. Sin embargo, el juez José Luis Lecaros se inhió de ver el caso tras una recusación que presentó la defensa de Hinostroza por supuestamente haber adelantado opinión en una entrevista. Por ello, fue reemplazado por la jueza Barrios Alvarado.
El pasado 31 de octubre, el Ministerio Público solicitó que se declare procedente la solicitud de extradición formulada por el juez supremo Hugo Núñez Julca.
Antecedente
Hinostroza Pariachi fue detenido el 29 de octubre y se encuentra recluido en la prisión de Soto del Real, en Madrid, a la espera del pedido de extradición.
La fiscalía peruana sostiene que Hinostroza dirige "una organización criminal" que ha designado magistrados "amigos" para "conseguir prebendas, beneficios económicos". Las maniobras de Hinostroza quedaron al descubierto por la difusión en la prensa en julio de audios de comprometedoras conversaciones telefónicas entre jueces.
El 4 de octubre, el Congreso lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.
Tras su detención, Hinostroza, de 62 años, alegó ante el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional española, tribunal que se ocupa de las extradiciones, "que es objeto de persecución política en Perú".
De acuerdo al tratado de extradición entre Perú y España de 1994, Hinostroza puede estar en prisión provisional hasta 60 días, plazo que tiene Lima para formalizar el proceso para su repatriación.
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