Poder Judicial confirmó impedimento de salida del país por 9 meses para congresista Darwin Espinoza

El Poder Judicial confirmó el fallo que ordena el impedimento de salida del país por 9 meses al congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), como parte de la investigación preliminar que se le sigue junto a un grupo de sus colegas de bancada por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.

Así lo resolvió la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundado el recurso de apelación presentado por el parlamentario, mediante su defensa legal, para dejar sin efecto dicha medida que le impuso el juez supremo Juan Carlos Chekley dentro de este caso.

Decisión judicial

El pasado 2 de junio, el juez supremo Juan Carlos Chekley ordenó el impedimento de salida del país por nueve meses para los legisladores Darwin Espinoza y Raúl Doroteo, a pedido del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Sin embargo, no acogió el requerimiento del titular del Ministerio Público para dictar esta medida en contra de los parlamentarios Elvis Vergara, Juan Morí, Jorge Flores e Ilich López, también integrantes de la bancada de Acción Popular.

Entonces, el magistrado explicó su decisión y señaló que en el caso de los dos legisladores existía “suficiencia de intervención indiciaria”, mientras que en el caso de los demás investigados “no se evidencia el incremento del nivel de sospecha con los elementos de convicción detallados por el representante del Ministerio Público”.

El Ministerio Público investiga a este grupo de legisladores, a quienes la colaboradora eficaz Karelim López atribuyó el nombre de ‘Los niños’, por presuntos favorecimientos en las licitaciones otorgadas a dos empresas chinas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Juan Francisco Silva.

Como parte de este caso el Poder Judicial también dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.