Defensoría del Pueblo señala que Alberto Fujimori no puede participar en actos públicos o políticos

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló hoy miércoles que el indultado expresidente Alberto Fujimori no puede realizar actos políticos o públicos.

“El indultado tiene la obligación de no realizar actos iguales o similares que aquellos que permitieron la comisión de delitos. En el caso del expresidente Fujimori, no puede realizar actos políticos o públicos porque estos sirvieron de marco para comisión de delitos”, dijo en conferencia de prensa.

El indulto al expresidente será revisado en 2 de febrero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) luego de que Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, presentó un pedido de revisión de la gracia presidencial en representación de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos.

Gutiérrez explicó además que no se han informado adecuadamente las razones médicas por las cuales se concedieron las gracias presidenciales y que solo se podrían haber conocido con certeza si la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hubiera accedido a la solicitud de la Defensoría del Pueblo de entregar el expediente que dio lugar al indulto.

Dependerá de la Corte IDH

Gutiérrez dijo que la Defensoría no determina si el indulto es legal o no, solo determinar si se ajusta a los estándares. Ya dependerá de la Corte IDH definir si es válido o nulo.

"No es competencia de la Defensoría del Pueblo señalar si el indulto a Alberto Fujimori es legal o no, nuestro papel es determinar si se ajusta o no a los estándares legales. Ya le compete al órgano jurisdiccional (Corte IDH) determinar el control de este acto", sentenció.

Alberto Fujimori fue indultado el 24 de diciembre de 2017 por Pedro Pablo Kucznyski.  En abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Fujimori a 25 años de prisión tras determinar que fue autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado cometido por el Grupo Colina en Barrios Altos (1991) y en La Cantuta (1992), y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer durante el autogolpe de abril de 1992.

El informe de la Defensoría del Pueblo que justifica su posición.