Espinoza Valenzuela demanda que se le restituya plenamente sus derechos fundamentales como autoridad constitucional y se disponga su inmediata reposición en los cargos de Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público
El Poder Judicial evaluará el lunes 9 de marzo la demanda de amparo que presentó la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza para anular la resolución legislativa emitida por el Congreso el pasado 5 de diciembre, que dispuso su inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública por una presunta infracción constitucional.
Esta audiencia única fue programada por Ll Tercera Sala Constitucional de Lima programó y se llevará a cabo desde las 8:30 a.m de manera virtual.
Espinoza Valenzuela demanda que se le restituya plenamente sus derechos fundamentales como autoridad constitucional y se disponga su inmediata reposición en los cargos de Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público “con el pleno goce de todos los derechos, prerrogativas y atribuciones inherentes a dichos cargos, lo cual incluye el tiempo de servicio en la carrera que ha sido arbitrariamente interrumpido, así como el pago por concepto de beneficios económicos correspondientes por el tiempo de inhabilitación transcurrido”.
Delia Espinoza también solicita en su demanda de amparo que se declare la nulidad e ineficacia de la resolución legislativa, a través de la cual se declaró “haber lugar a la formación de causa penal en su contra como presunta autora de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y como posible instigadora del delito de usurpación de funciones por hechos relacionados a la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito.
La suspendida fiscal alega que "nunca firmo ni aprobó" dicho documento; no obstante, la Fiscalía de la Nación le inició una investigación preparatoria sobre este caso.
Espinoza también requiere en su recurso que se deje sin efecto todo lo actuado por el Congreso respecto a su persona en el marco del procedimiento parlamentario seguido por la Denuncia Constitucional N.° 528, por encontrarse viciado de nulidad al haberse vulnerado, en todas sus etapas, el debido proceso.
Además pide que se exhorte al Parlamento a que, en el marco de futuros procedimientos de juicio político, asegure la observancia estricta del derecho constitucional al debido proceso, en todas sus dimensiones, así como la incorporación, en la evaluación y calificación de los casos, de estándares jurídicos propios de un Estado de Derecho.
Al respecto, la Tercera Sala Constitucional de Lima determinó que la demanda de amparo que presentó Delia Espinoza cumple con los requisitos establecidos en el nuevo Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Civil para ser admitida por lo que dispuso que esta demanda y sus anexos sean puestos en conocimiento del Procurador Público del Congreso para que en plazo de 10 días conteste dicha demanda de cara a la evaluación de este recurso.
El Pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR que inhabilita por 10 años del ejercicio de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza, después de atribuirle el incumplimiento del artículo único de la Ley N° 32130, norma que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones preliminares.