Juan Carlos Portugal manifestó que con la decisión del Tribunal Constitucional se suspenden las investigaciones, allanamientos e incautaciones contra la mandataria hasta que termine su mandato.
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, aseguró este martes que el Tribunal Constitucional (TC) ha "honrado" la Constitución al declarar fundada la demanda competencial que presentaron y ordenara la suspensión de las investigaciones contra la jefa de Estado hasta que termine su periodo de Gobierno, es decir, después del 28 de julio de 2026.
"El Tribunal Constitucional ha realizado una interpretación equilibrada y ponderada de parte de nuestro máximo defensor de los derechos en el país", aseveró en entrevista para RPP.
Portugal también informó que el fallo del TC ha prohibido los allanamientos e incautaciones contra la jefa de Estado y que el Ministerio Público, de ahora en adelante, solo puede hacer pedidos de información a la defensa legal de la presidenta.
"Esos actos, según la sentencia, son actos de investigación y están prohibidos. Únicamente lo que no estará prohibido son los pedidos de información y nada más que eso", enfatizó.
Por otro lado, el abogado de Dina Boluarte señaló que el fallo del TC no se aplica con lo que realiza el Congreso, por lo que las denuncias constitucionales seguirán su debido proceso parlamentario en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Comisión Permanente.
Filtración de información
El Tribunal Constitucional indica en su sentencia que el Ministerio Público debe asegurar la reserva en toda investigación a su cargo, en aras de evitar que se susciten filtraciones indebidas sobre el contenido de una investigación penal e impedir que se desnaturalice la misma, ya que esto no solo perjudica la honorabilidad y dignidad del cargo, sino que da lugar a que las instituciones y órganos constitucionales involucrados se vean "mermadas mediáticamente".
"Basta que se filtre indebidamente el contenido de una investigación en contra del titular de la Presidencia de la República en ejercicio, para dañar la imagen de la institución presidencial, con las graves consecuencias que ello tiene para el cabal desenvolvimiento de las jefaturas a su cargo", se lee en el documento.