El presidente del Poder Judicial explicó que la pena para el violador de una empadronadora del Censo 2017 sería de entre 6 y 8 años por el artículo 170 del Código Penal.
Solo puedan actuar con las leyes y penas que existen. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo este martes en Ampliación de Noticias de RPP que endurecer las penas contra violadores y agresores a mujeres no es parte de sus competencias y que los jueces solo pueden "atenerse a la ley". En el caso de la censista violada el domingo, explicó que la Fiscalía postuló el “tipo penal base”, por lo que la pena sería de entre 6 y 8 años de prisión.
Ante las críticas por la condena que recibiría Marco Luza Segundo, el agresor, Rodríguez dijo que esto es lo que dice el Código Penal. “Entiendo, por lo que he escuchado anoche al presidente de la Corte de Lima Sur, que la Fiscalía ha postulado el tipo penal base, el 170, cuya pena va de 6 a 8 años”, dijo. “De parte del Poder Judicial no hay una predisposición a actuar con mano blanda. Ahora, si queremos endurecer las penas [a violadores], eso no está en nuestro terreno. Tendríamos que modificar el artículo 170”.
Abuso y castigo. Una empadronadora del INEI fue violada este domingo durante el Censo Nacional 2017, en el que se le encargó encuestar a ciudadanos de una zona de Villa el Salvador. Luza Segundo fue detenido por la Policía horas después. Pese a que la ministra de la Mujer dijo que pedirían 25 años de prisión para él, el Código Penal solo establece entre 6 y 8 años por el delito, según explicó Rodríguez, a menos que haya un agravante, con lo que la pena iría de 12 años a más.
A pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva para el acusado. “Entiendo que hay una suerte de flagrancia, por eso es que la jueza ha ordenado la prisión preventiva por seis mes. Como no es un caso tan difícil, en dos o tres estarán formulando su acusación, habrá el juicio y se le pondrá la pena que corresponda”, dijo Rodríguez. “Espero que haya una respuesta pronta no solo del Poder Judicial, sino particularmente del Ministerio Público”, agregó.
El caso Toledo. Rodríguez también habló sobre el estado del caso del expresidente Alejandro Toledo, quien enfrenta órdenes de prisión preventinva por los casos Odebrecht y Ecoteva. Sobre este, dijo que el pedido de arresto provisorio "está paralizado" porque la Fiscalía "pidió tiempo para completar su información y recogerla del caso Odebrecht. Se ha quedado ahí". "El proceso avanzó y terminó la investigación que ha dirigido el juez Abel Concha. ¿Dónde está el expediente? El expediente está en la Cuarta Sala de Reos Libres de la Corte Superior de Lima", agregó.
Sobre el caso Odebrecht, dijo que este está desde febrero en manos del Departamente de Estado de EE.UU., donde está Toledo, pero que este "no ha dicho ni una sola palabra respecto a ese tema". Ante esto, según contó, lo que lo que el estudio de abogados estadounidenses contratados por el Estado sugirió es "armar el expediente de extradición propiamente dicho, que tiene otro trámite. Tiene que haber una audiencia en el Juzgado acá, tiene que subir a la Corte Suprema, a una sala que declara procedente, lo remite al Ejecutivo y luego ir nuevamente a Estados Unidos".
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