El contralor fue acusado por irregularidades y pidió a un auditor que retire su denuncia

Edgar Alarcón en el ojo de la tormenta. El contralor general de la República fue denunciado por uno de los auditores de la institución, Walter Grados, por no haber declarado la compra de aproximadamente 90 vehículos de lujo a su nombre y a nombre de su hijo Edgar Alarcón Gordillo para luego revenderlos desde el año 2003 hasta 2015. 

Según la ley, el representante de la Contraloría no puede ser parte negocios lucrativos debido a que el cargo que ostenta es de fiscalización a funcionarios del Estado. Sin embargo, los cuestionamientos crecieron este domingo cuando programas dominicales Cuarto Poder y Panorama difundieron un audio en el que Alarcón le pide al denunciante Grados retirar la acusación que había interpuesto ante el Congreso.

Las escuchas. Alarcón le pide al auditor que retire los cargos en su contra en una cita pactada por él, y la que Grados grabó íntegramente. "¿Qué pasaría si retiras la denuncia del Congreso? No quiero presionarte, no te estoy hostilizando. Por lo menos dame esa oportunidad (de retirar los cargos) y seguimos siendo amigos", se escucha.

El caso fue presentado ante Luz Salgado, presidenta del Congreso, en agosto de 2016 y después se derivó a la Comisión de Fiscalización. Pero fue desestimada en esta, según declaraciones del legislador Gino Costa, porque los hechos se cometieron antes de que Alarcón asuma sus funciones como contralor.

La respuesta de Alarcón. Al respecto, el contralor se defendió: "Tanto mis hijos y yo en el año 2003 hemos venido adquiriendo vehículos uno a uno, importándolos usados de Estados Unidos, pero no era un negocio habitual. ¿Es delito de un padre ayudar a sus hijos?" comentó.

Por otro lado, en entrevista con el dominical Panorama, Alarcón aseguró no tener vínculo con  el fujimorismo ni con algún partido político. 

Sobre el fujimorismo. "Hay ese comentario desde que empecé (la gestión como titular de Contraloría). Por mi trabajo y la labor de fiscalización despacho con todos los congresistas que solicitan entrevistarse. No tengo ningún compromiso con los partidos políticos", selaló.

Además explicó que el motivo por el que declaró ilegal la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero es porque no siguieron las normas de la Asociación Público Privada respecto de cuál iba a ser el acreedor o banco que iba a financiar la obra. "Si la norma dice que para firmar la adenda el acreedor debe presentarla y no la hay, es ilegal el documento", comentó.