El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció este sábado el reforzamiento de las fiscalías especializadas de Lavado de Activos y del equipo especial a cargo del caso Lava Jato a fin de que las investigaciones tengan mayor eficacia y continuidad.
A través de un comunicado, el titular del Ministerio Público consideró que debido al avance del caso y las últimas diligencias realizadas es necesario replantear la forma en que abordarán las pesquisas. Agregó que el reforzamiento comprende un aumento en cuanto al número de fiscales, personal de apoyo y logística.
Sánchez también dispuso que los fiscales a cargo de estas investigaciones tendrán que mejorar el trabajo coordinado y permanente. Todo esto para que el avance se realice a un ritmo adecuado y sumando esfuerzos entre cada fiscalía.
Vocero por especialidad
Esta medida también contempla la designación de un vocero oficial para cada especialidad, los cuales tendrán que informar a la opinión pública y responder al interés ciudadano periódicamente sobre el avance de los casos.
Además tendrán la responsabilidad de explicar los procedimientos que utiliza la fiscalía para investigar a fin de no causar desinformación.
A medida avancen las investigaciones, el Ministerio Público presentará proyectos de Ley al Parlamento para mejorar los procesos de pérdida de dominio.
Acumulación de casos y colaboración eficaz
El fiscal de la Nación también precisó que actualmente la ley procesal no permite que las investigaciones puedan ser acumuladas en un solo equipo investigador y acusado. Ante esto dijo que los fiscales trabajarán para reorientar el nivel de coordinación necesario.
Respecto del proceso de colaboración eficaz, Sánchez dijo que permite evitar la impunidad y conocer a quienes han cometido un delito y que incluso podrían estar en el sector público. Agregó que también puede ampliar las investigaciones y dar lugar a otras nuevas.
En relación al caso Lava Jato, destacó la cooperación judicial que tiene Perú con las autoridades de Brasil.
Apoyo y compromiso
Sánchez defendió el trabajo de la Fiscalía y descartó que sus investigaciones tengan fines políticos por más que estén enfocadas en personajes de la política. Aseguró que el Ministerio Público es una institución de carácter jurídico y técnico.
Además expresó su respaldo a todos los fiscales que están investigando el caso Lava Jato y reiteró su compromiso de luchar contra toda manifestación de criminalidad, sobre todo a las que comprometen la función pública.
La justicia de Brasil inició en 2013 la operación Lava Jato, la cual permitió descubrir que las principales constructoras de ese país obtuvieron millonarios contratos con el Estado a través del pago de coimas. Cuando la investigación avanzó, se reveló que estas empresas hicieron lo mismo para ganar obras en toda América Latina. A fines de 2016, la constructora brasilera Odebrecht reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014. En esos años gobernaron Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16).
