El indulto a Alberto Fujimori, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Durante los últimos años se ha producido una evolución de las actitudes frente al indulto al expresidente Alberto Fujimori. El caso de Pedro Pablo Kuzcynski, al margen de las circunstancias políticas del 2017, es una expresión de esa evolución. También Mario Vargas Llosa ha terminado por sostener que en las actuales circunstancias se podría entender el indulto. Incluso dirigentes de asociaciones de víctimas y sus tenaces abogados han afirmado que no se opondrían al indulto si se reunieran ciertas condiciones: una expresión sincera de pesar por el sufrimiento causado, el pago de la reparación civil al Estado y la disposición a colaborar con las investigaciones pendientes. 

Respecto al Auto del Tribunal Constitucional (TC) conocido el martes 28, lo primero que se debe decir es que su publicación ha tenido lugar en el peor momento posible. Si los miembros del TC han tomado mucho tiempo para esperar el momento adecuado, parecen haber evaluado muy mal el grave clima de polarización e incertidumbre que vivimos en torno a la Fiscalía de la Nación. Por supuesto que se puede decir que la Justicia es ciega y que no entra en consideraciones de circunstancia. 

Pero en ese caso, ¿por qué se han demorado tanto para tomar una decisión que para cuatro de los Tribunos parece límpida e inapelable? El presidente Francisco Morales Saravia ha expresado oralmente una opinión que no figura en el Auto. La resolución establece que el juez de ejecución del Habeas Corpus “proceda conforme a sus atribuciones”. Lo que quiere decir que un juez de primera instancia, del distrito judicial de Ica, deberá interpretar una decisión del Tribunal Constitucional. 

Por su parte, la vicepresidenta Luz Pacheco ha afirmado que la Corte Interamericana no ha formulado una sentencia sino una resolución. “Y habría que ver si es de obligatorio cumplimiento”, señaló. ¿Cabe duda de que lo es, mientras seamos signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? La ligereza argumentativa hace correr el riesgo de que una decisión precipitada vuelva a perjudicar a Alberto Fujimori.

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