Columna | El tortuoso camino para la firma del acuerdo con Odebrecht

(Salvando mil escollos, fiscales y procuradores firmarán hoy el Acuerdo de Colaboración judicial con Odebrecht. Si valía la pena o no quedará claro cuando sepamos si nos ayuda a identificar y sancionar a los protagonistas de la corrupción).

En pleno corazón del verano, nuestro país se halla desafiado por dos fenómenos de carácter totalmente diferente: las consecuencias de las lluvias y los interrogatorios judiciales a ejecutivos de Odebrecht. En ambos casos se trata de desafíos en primer lugar a las instituciones del Estado, que deben dar pruebas de profesionalismo, probidad y eficacia. Pero también son desafíos a los ciudadanos, quienes nos hallamos expuestos a una multitud de informaciones que se suceden, se sobreponen y se desplazan. Por eso, se trata al mismo tiempo de un desafío a la prensa que debe dar cuenta de la realidad de una manera independiente, plural y rigurosa, evitando versiones sesgadas por las simpatías o las antipatías políticas. La corrupción es un cáncer social, quien quiera que sea el que la practica y el que se beneficia de ella. Tanto los desastres naturales como la corrupción ponen en evidencia las graves carencias de nuestras instituciones que no inspiran credibilidad.

Por eso, antes de embarcarse hacia Brasil, el fiscal José Domingo Pérez ha creído útil dirigirse a los ciudadanos para exhortarnos a “confiar en que estamos actuando de acuerdo a la ley… para procesar a las personas que hayan cometido actos de corrupción”. En un país con una democracia consolidada, ese mensaje hubiera sido innecesario y chocante. En efecto, ¿qué otra cosa hubiéramos podido esperar de un Fiscal que viaja para interrogar a delincuentes extranjeros que han delinquido en nuestro país?

El camino hacia la firma del Acuerdo de Colaboración y Beneficios ha sido largo y tortuoso. Es evidente que en la clase política y en el sector privado ha habido muchas personas interesadas en que la Fiscalía y la Procuraduría no avanzaran hasta las últimas consecuencias. Basta ver lo difícil que viene siendo hacer cumplir una condena por vulgar robo de gasolina, para imaginar la tarea hercúlea que es desentrañar las acrobacias financieras y jurídicas que maquillan y disimulan el escandaloso aprovechamiento de recursos públicos en beneficio privado. No se trata solo de relaciones corruptas con grandes empresas extranjeras.

No son los brasileños los que nos han enseñado a robar y mentir. Lo vemos cada día por los indicios que aparecen a propósito del Club de la Construcción y la crisis que ha provocado entre quienes hace tres años hicieron juntos la victoriosa campaña del PPK. O el grave cruce de acusaciones entre Lourdes Flores y su ex compañero de partido, Horacio Cánepa. Un presidente en la cárcel, otro prófugo de la justicia, un tercero al que se le rechazó una solicitud de asilo y dos más sometidos a investigaciones. Esa es nuestra realidad. Nuestra esperanza es la aspiración a reformas y la creciente implicación de los ciudadanos que no se resignan a hacer abortar la promesa de nuestra República.

El Ayatola Khomeini 

En el plano internacional, conviene recordar el trigésimo aniversario de un decreto religioso, una fatwa, con el que el líder del régimen iraní sentenció al escritor Salman Rushdie. El Ayatola Khomeini había visto en la televisión a un grupo de fanáticos pakistaníes quemando un libro. El título le pareció repugnante, Los versículos satánicos y procedió, en nombre de Dios, a redactar y firmar la condena a muerte de su autor. Esto sucedía en 1989, antes del auge del terrorismo islamista sunita que hemos padecido de manera global desde los atentados del 2001. La fatwa contra Rushdie fue también un acto de repudio a la imaginación, encarnada en una de sus formas más emblemáticas en el Occidente: la novela. ¡Y decir que los admirables relatos de Las mil y una noches han significado durante siglos una apertura al humor y el arte de vivir del mundo arabo-musulmán!

Las cosas como son