Fiscalía pide suspensión por 36 meses de Patricia Benavides

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Parecen remotos los tiempos en los que un grupo de fiscales de EFICOOP allanó la sede de la Fiscalía de la Nación, incautó materiales comprometedores y detuvo a funcionarios nombrados por Patricia Benavides. Entre ellos, destaca el caso del asesor Jaime Villanueva quien durante los últimos meses parece haber jugado un rol clave para reconstruir toda una trama oscura cuyos alcances finales todavía no están a la vista.

Por entonces, la Junta Nacional de Justicia suspendió a Patricia Benavides y la sometió a un procedimiento administrativo sancionador.

Entretanto se han tomado una serie de decisiones en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y en el ministerio del Interior, que desafían a los observadores más pacientes y ponen a prueba nuestra exigencia de objetividad e imparcialidad.

Durante los últimos meses hemos visto desfilar a decenas de abogados que para defender a sus patrocinados no vacilan en forzar las interpretaciones, lanzar acusaciones ligeras y multiplicar los recursos procedimentales para dilatar los plazos y confundir a la opinión pública.

Ayer, la Fiscal Suprema Delia Espinosa ha solicitado a la Justicia la suspensión durante 36 meses de Patricia Benavides para investigarla por una serie de cargos que incluyen organización criminal, cohecho, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias. La audiencia tendrá lugar el próximo miércoles 22.

El Perú necesita tener una Fiscalía eficiente y honesta para hacer frente a la criminalidad organizada que crece y amenaza al Estado. Resulta lamentable que nos hallemos ante procedimientos de esta gravedad en las actuales circunstancias.

Entre las teorías que se han formulado destaca una lectura política que reduce toda la conflictividad a la lucha entre bandos separados ideológicamente. Es la peor de las hipótesis. Y la mejor es que estemos ante una reacción de funcionarios honestos que han decidido decir “basta” a la corrupción, a los favorecimientos indebidos y a la subordinación a intereses privados de la entidad encargada de la acción penal del Estado. 

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