por Sergio Espinoza
·El Ministerio Público atribuye al magistrado haber aceptado un supuesto intercambio de favores con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria y el fiscal supremo Helder Terán Dianderas, por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.
En su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público precisó que la denuncia fue formulada a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
Las acusaciones de la Fiscalía
La entidad acusa a Checkley Soria de haber aceptado una promesa ofrecida por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides para archivar una investigación seguida en su contra en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del entonces fiscal supremo Helder Terán.
Según la imputación, la condición era que el magistrado declarara fundado el sobreseimiento (archivo) de las acusaciones realizadas contra la jueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, programando la audiencia en una fecha oportuna para los intereses de esta.
🚨 #Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el @congresoperu contra Juan Carlos Checkley Soria, en su condición de juez supremo provisional, y Helder Uriel… pic.twitter.com/pUE8S6Q7bY
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 17, 2025
Mientras tanto, la Fiscalía le atribuye a Helder Uriel Terán haber aceptado un ofrecimiento similar por parte de Patricia Benavides, con la finalidad de conservar su cargo, a cambio de mantener en trámite la investigación seguida contra Checkley Soria por el presunto delito de cohecho pasivo específico, en un caso vinculado a su actuación como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Piura.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre fines de agosto de 2022 y noviembre de 2023. En este periodo, Terán Dianderas habría dispuesto la ampliación de la investigación preliminar y de los actos de indagación, incluso después de vencido el plazo legal.
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