Juzgado de la Corte Suprema declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Fujimori. Juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente para que sea reingresado a un establecimiento penitenciario.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, informó que respeta las decisiones del Poder Judicial. Esto luego de que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declarara fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori.
"En el Perú prevalece el Estado de derecho con pleno respeto a la autonomía de los poderes y vigencia de los derechos y libertades fundamentales (...) Como Gobierno somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, que implica el acatamiento irrestricto de sus fallos", señaló.
Asimismo, el Ministerio de Justicia aseguró que en este caso mostró en todo momento predisposición a los requerimientos de las autoridades judiciales para una debida y oportuna administración de justicia.
"Ratificamos nuestra firme posición de sometimiento a la Constitución y a las normas vigentes, la institucionalidad de los órganos que administran justicia, quienes actúan de acuerdo a sus facultades y atribuciones constitucionales", señalaron.
Poder Judicial anuló el indulto
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori. Esta información fue una primicia de RPP Noticias.
Asimismo, el juez Hugo Nuñez Julca giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria.
En setiembre pasado, el Poder Judicial dejó al voto el pedido de nulidad del indulto humanitario concedido al ex presidente Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La solicitud fue presentada por los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Gisela Ortíz, Sonia Rubina y Raida Cóndor, en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
A través de esta solicitud de nulidad se buscó verificar la legalidad del indulto y que sea conforme con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la jurisprudencia de la Corte IDH. En junio de este año, el tribunal internacional determinó que la justicia peruana debía evaluar y pronunciarse sobre la viabilidad del indulto al ex mandatario.
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