Juan Silva, quien fue ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Castilo, es investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido que hizo el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso en la investigación preparatoria que afronta, junto al expresidente Pedro Castillo, por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar "infundado" el recurso de apelación que presentó Silva Villegas, a través de su defensa legal, para que se revocará la resolución que emitió el Juez Supremo Provisional Juan Carlos Checkley, el 13 de octubre del 2025, en la que declaró "infundada" la solicitud que hizo para que se ordenara el cese de dicho mandato de prisión preventiva que se le impuso el 31 de marzo del 2023 y que originó que se dicten órdenes de captura en su contra a nivel nacional e internacional.
La defensa legal de Juan Silva alega que su patrocinado asumió el cargo de ministro después de la licitación del Puente Tarata III y que al tomar conocimiento que dicha licitación habría sido manipulada por "cuatro lobistas" denuncio los hechos a la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República.
De acuerdo al abogado de Silva, la acción del ahora prófugo exministro originó que Provias Descentralizada anule la mencionada licitación resguardando los fondos públicos.
No obstante, señala la defensa, la Fiscalía Suprema, sin ninguna razón, lo denunció ante el Congreso y logró su desafuero y, posteriormente, se emitió la disposición de formalización de investigación preparatoria en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. Además, indicó que existen elementos de convicción que no fueron incorporados ni sometidos a evaluación al momento de resolverse el requerimiento fiscal de prisión preventiva.
Al respecto, y de acuerdo a una resolución a la que tuvo acceso RPP, el tribunal supremo determinó que los elementos de convicción propuestos como nuevos por la defensa legal del exministro no tienen tal entidad e, incluso, resultan débiles, pues se desarrollaron y analizaron con detalle en otras apelaciones que también fueron promovidas por el recurrente y no merecieron amparo.
La sala suprema también precisa que es “patentemente improcedente” el cese requerido, si la medida personal de prisión preventiva no se ejecutó por no estar habido o estar prófugo el encausado. “Por ello, debe confirmarse la decisión impugnada en todos sus extremos", dijo la sala.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley comunicó meses atrás a través de las redes sociales del Poder Judicial que Interpol tiene vigente hasta el 10 de junio del año 2027 una notificación roja de búsqueda, ubicación y captura a nivel internacional contra el exministro Juan Francisco Silva, a quien se investiga por los presuntos delitos de colusión y organización criminal.