Jorge Chávez Cotrina: Fiscalía puede apelar decisión del juez que no autorizó acceso a las cámaras de Palacio

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas Contra el Crimen Organizado, consideró que el Ministerio Público puede apelar la decisión del juez Justiniano Romero que desestimó la entrega de los videos del interior de la residencia de Palacio de Gobierno apelando una posible vulneración de los secretos de Estado.

"Desde mi punto de vista los secretos de Estado no están en los pasillos de Palacio de Gobierno, están en documentos reservados y secretos, pero nosotros como magistrados del Ministerio Público respetamos las decisiones del Poder Judicial, independientemente de que estemos o no de acuerdo. Si no estamos de acuerdo haremos uso de lo que la norma nos franquea, que en este caso es apelar para que la Sala superior revoque esa medida", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el fiscal superior señaló que, normalmente, un recurso de habeas corpus -como el presentado recientemente por el presidente Pedro Castillo- "es para que un juez constitucional ordene a los fiscales que cese la investigación porque según los investigados se está poniendo en riesgo su libertad".

Jorge Chávez también se pronunció sobre los ataques del presidente Pedro Castillo en respuesta a las investigaciones que tiene en el Ministerio Público. Al respecto, indicó que los fiscales están acostumbrados a este tipo de reacciones; sin embargo, recordó que las investigaciones no se centran en las personas, sino en los presuntos actos ilícitos.

"A nadie le gusta que lo investiguen (…) Nosotros estamos acostumbrados y sabemos como fiscales que hay investigaciones que van a traer este tipo de ataques, no solamente de los investigados, sino de terceras personas y en este caso está habiendo un ataque desmesurado contra la fiscal de la Nación y contra todo el sistema", señaló.

"La población tiene que entender que los fiscales actuamos con objetividad. Nosotros no perseguimos a la persona, nosotros lo que hacemos es investigar actos, hechos que pueden tener relevancia penal y la investigación es justamente determinar si es que esos actos tienen relevancia penal o no", agregó.

Finalmente, Chávez respaldó el trabajo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien recientemente ha denunciado ser víctima de ataques y amenazas contra ella y su familia en respuesta a su trabajo y a las investigaciones que realiza. Además, advirtió que existe un riesgo a la vida de otros fiscales que investigan el poder político.

"No solamente que la respaldamos, sino que estamos juntos con ella como un solo bloque porque tenemos que defender los fueros del Ministerio Público. Nosotros tenemos que defender que el Ministerio Público tiene que ser respetado conforme lo establece la Constitución porque nuestro trabajo es objetivo y gozamos de independencia", apuntó.

Balance de la Fiscalía contra el Crimen Organizado

En otro momento, Chávez explicó que para poder crecer y fortalecerse en el tiempo, una organización criminal debe cometer dos delitos, además del delito fin (por ejemplo narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, etc.). Estos son corrupción de funcionarios, para evitar la persecución de las autoridades, y lavado de activos, para dar una apariencia de legalidad.

"Normalmente, cuando estamos frente a temas de esta naturaleza, estas personas se vinculan con dirigentes o funcionarios de los gobiernos regionales y locales con la finalidad de tener un respaldo político para poder avanzar en sus aspiraciones delincuenciales", indicó.

Uno de estos casos es el de la presunta organización criminal conocida como 'Los Chavelos', dedicada al delito de extorsión. El fiscal precisó que este caso no es reciente, ya que en el 2018 ocurrió la primera toma de la mina Las Bambas y se logró una prisión preventiva contra los que organizaron los bloqueos de carreteras y extorsionaban a mineros.

Otro caso reciente es el de una presunta organización criminal que operaba en Chincha, en el departamento de Ica, que estaba integrada por funcionarios municipales que entregaban licencias de conducir a personas que no cumplían los requisitos y que, además, levantaban multas de manera ilegal a vehículos menores que eran sancionados.

Al respecto, Chávez Cotrina resaltó que en el último año -junio 2021 a junio 2022- las Fiscalías Especializadas Contra el Crimen Organizado han logrado sentencias contra 47 organizaciones criminales, lo cual significa que fueron condenadas más de 360 personas como miembros de estas bandas a penas de entre 25 y 30 años de cárcel.

Del mismo modo, destacó que en este periodo se han realizado 79 megaoperativos que lograron la prisión preventiva de más de 500 personas. Esto pese a que la inestabilidad política ha generado que la Policía "con continúe con su trabajo".

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