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Fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión para la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, la defensa de Fujimori argumenta ante el TC que viene siendo procesada por delitos que no estaban tipificados en el Código Penal al momento en que se cometieron.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recurrió este miércoles al Tribunal Constitucional para anular el juicio oral por el caso Cócteles y archivar el proceso penal por los delitos de lavado de activos, organización criminal, entre otros.
Giuliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, presentó un recurso de agravio constitucional contra la resolución judicial de segunda instancia que declaró improcedente el habeas corpus a favor de su defensa.
Lo que busca este recurso de Keiko Fujimori es que se declare nulas tres resoluciones dictadas por el juez Victor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Estas son por el inicio del juicio oral del caso Cócteles y las que declararon infundados los pedidos para archivar los delitos de lavado de activos y organización criminal.
El argumento principal del habeas corpus es que los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 en Fuerza Popular no estaban tipificados en el Código Penal al momento en que se cometieron.
Además, según la defensa de la excandidata, se le estaría imputando el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, algo que fue incorporado en la legislación penal en 2019.
La candidatura de Alberto Fujimori, la constitución y la democracia
Desde el punto de vista jurídico el anuncio de Keiko Fujimori carece de fundamento. Si se trata de una maniobra política, debería ser corregida por abogados que como Luis Galarreta y Miguel Torres, juegan un rol eminente en la jerarquía de Fuerza Popular.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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