La Sala Penal Nacional señaló que la decisión será comunicada a los domicilios fiscales de ambas partes.
La Sala Penal Nacional señaló que la decisión será comunicada a los domicilios fiscales de ambas partes. | Fuente: Andina

Este sábado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones decidió que resolverá en “un plazo razonable” la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori para revocar la prisión preventiva de 36 meses que se le impuso a finales de octubre. El juez Octavio Sahuanay, presidente de la sala, aseguró que no va a poder expedir la resolución en el plazo que establece la ley (48 horas), debido a la cantidad de agravios por resolver.

La abogada penalista Karin Fernández estima que no debería de pasar de esta semana la resolución de esta apelación. Ella explicó a RPP Noticias que el concepto “plazo razonable” ha sido incluido recientemente por una resolución del Tribunal Constitucional, pues muchos jueces se demoraban en emitir una respuesta, lo que generaba quejas.

Fernández dijo que uno de los criterios que fija un “plazo razonable” es cuando no se lleva a cabo ningún acto dilatorio. “Debido a las críticas sobre la demora del proceso de Keiko Fujimori, no le conviene a la Sala que demore en responder. No creo que la Sala se exponga a eso”, comentó.

Por otro lado, el abogado penalista Wilber Medina explicó que el “plazo razonable” permite extender una decisión en la medida de la complejidad del caso. “El plazo razonable hace que juegue con la flexibilidad y con la racionabilidad del magistrado”, comentó a RPP Noticias

Según su hipótesis, la apelación a la prisión preventiva de Keiko Fujimori se debería resolver el lunes, porque ya entraron a revisar el caso de Vicente Silva Checa. Según explica, este es un tema macro que presenta particularidades, por lo cual no debería demorar. 

De esta forma, los 11 investigados por el delito de lavado de activos agravado buscan revocar las resoluciones emitidas por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dispuso prisión preventiva contra los mencionados. Estos son relacionados con el partido Fuerza Popular que, según la tesis fiscal, habría sido financiado por la constructora Odebrecht