Pedro Pablo Kuczynski durante las diligencias de su detención preliminar. | Fuente: RPP Noticias

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No es fácil asumir con serenidad el impacto que produce la prisión impuesta a un hombre de ochenta años. Menos aún si se trata de alguien que hace menos de tres años fue elegido para encarnar la Nación como Presidente de la República. La decisión tomada ayer por un juez de una Corte Superior de Justicia significa que las dos personas que pasaron a la segunda vuelta de junio del 2016 se hallan privadas de libertad: Keiko Fujimori bajo el régimen de prisión preventiva y Pedro Pablo Kuczynski bajo el de prisión preliminar. Pesa sobre ambos la sospecha de haber incurrido en sendos casos de lavado de activos. El Juzgado especializado en corrupción de funcionarios ha considerado que se hallan reunidos las tres condiciones requeridas para imponer una prisión preliminar: indicios probatorios suficientes, una previsión de pena superior a cuatro años y constituir un riesgo de obstrucción del normal desarrollo de la Justicia.

Los partidarios de la decisión judicial afirman que Kuczynski hubiera podido presionar a su excontadora, Denise Hernández, susceptible de revelar informaciones incriminatorias contra el expresidente. Junto a Kuczynski han sido detenidos su secretaria, Gloria Kisic Wagner y su chofer, José Luis Bernaola, sospechosos de haber recibido en sus cuentas dinero destinado a su jefe por la empresa Odebrecht. Sus abogados consideran la decisión judicial excesiva y desproporcionada, sobre todo porque desde su renuncia en marzo del año pasado Kuczynski ha venido colaborando con la Justicia y estaba sometido a restricciones judiciales, en particular el impedimento de salir del Perú. Pero llama la atención que el abogado César Nakazaki haya intentado a la vez una defensa política. Según Nakazaki estamos ante un caso de persecución política y, todavía peor, una maniobra para distraer la atención del conflicto social en Las Bambas.

También una treintena de excolaboradores y ministros de Kuczynski se han pronunciado en un comunicado en el que consideran que la detención preliminar es “inconstitucional y arbitraria”. Más prudente, el actual primer ministro Salvador del Solar, quien fue ministro de Cultura del detenido expresidente, llama a respetar a la vez la autonomía de los poderes del Estado y el debido proceso.

Desdichadamente el caso de Kuczynski se añade a los de los otros presidentes elegidos desde el 2001: Alejandro Toledo es prófugo de la Justicia, Alan García sometido a restricciones judiciales y Ollanta Humala purgó, junto a su esposa, ocho meses de prisión preventiva en espera de una todavía postergada acusación fiscal. Todos ellos están afectados de una manera u otra por la acción corruptora de empresas brasileñas de construcción y sus consorciadas peruanas. De ahí que algunos lamenten la mala imagen que da el Perú en el extranjero con sus expresidentes dentro o al borde la cárcel. Pero ¿acaso el Brasil da una mala imagen con Lula preso, Dilma Rousseff destituida y Michel Temer liberado cautelarmente de una fugaz prisión preliminar? Probablemente lo contrario: que todos seamos iguales ante la ley y que la Justicia se aplique sin sesgos políticos parece motivo de confianza en el futuro de nuestro país.

La lucha contra la corrupción es una tarea impostergable para darle credibilidad a nuestras instituciones y dinamismo a nuestra economía. Pero no es la única tarea. Los grandes desafíos siguen vigentes, más allá de las vicisitudes que atraviesan funcionarios y dirigentes. Entre esos desafíos dos forman parte de la agenda de hoy: la visita a Challhuahuacho del primer ministro y la presentación de 12 proyectos de ley elaborados por el Ejecutivo para dar expresión a su compromiso con la reforma política. Finalmente, el presidente Vizcarra ha optado por no proponer el restablecimiento de un Congreso bicameral, para no contradecir el resultado del referendo del pasado 9 de diciembre.

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