Fiscal Juárez estima que posible condena contra Martín Vizcarra "no bajaría de los 33 años" de cárcel

El fiscal Germán Juárez estimó esta mañana que una eventual condena contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos en el caso 'Club de la Construcción' "no bajaría de los 33 años" de cárcel. Durante la audiencia en la que se sustentó el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario, el representante del Ministerio Público señaló que la gravedad de esta posible pena podría generar que el expresidente quiera "sustraerse a la acción de la justicia".

Juárez Atoche aseguró que los elementos presentados por el Ministerio Público constituyen un "caso sólido" en el que se advierte una "sospecha reveladora" de la comisión del delito debido a las declaraciones de colaboradores, la documentación que acreditaría el pago que habría recibido Martín Vizcarra, así como las comunicaciones entre el expresidente y funcionarios de Obrainsa, empresa a cargo del proyecto Lomas de Ilo.

"Son elementos de convicción relevantes en esta investigación y por lo tanto eso hace que sea un caso sólido y que la pena probable a imponérsele al señor Martín Vizcarra supere los 20 años. Desde ahí cobra relevancia la gravedad de la pena que espera el imputado en estos hechos. Por lo tanto, se cumple con el presupuesto de la gravedad de la pena", aseveró.

Peligro de fuga y de asilo en Bolivia

Para sustentar su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra por haber recibido presuntos sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, el fiscal advirtió que el expresidente tiene posibilidades "bastante altas" para salir del país, debido a su movimiento migratorio, y de solicitar asilo político en Bolivia.

"Respecto a las facilidades para poder salir del país, teniendo en cuenta el movimiento migratorio de Martín Vizcarra y la capacidad económica para salir del país, pero también que sí podría tener refugio en otro país (Bolivia), considerando que Martín Vizcarra ha creado las condiciones para ese efecto pues ha señalado de manera expresa que es un perseguido político", recordó el fiscal.

Entre otros argumentos, el fiscal recordó que Martín Vizcarra no tiene arraigo laboral luego de su paso por la Presidencia de la República y que actualmente solo se dedica a su campaña para llegar al Congreso. Además, precisó que recibe una pensión vitalicia que oscila entre 16 mil soles y posee inmuebles valorizados en 3 millones de soles, por lo que "tiene solidez económica para efectos de poder salir del país o permanecer oculto".

Los sobornos según la Fiscalía

Desde el pasado miércoles el fiscal Germán Juárez Atoche expone ante el Poder Judicial los argumentos que sustentan su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por haber recibido presuntos sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA durante la licitación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Moquegua, en su gestión como gobernador regional, dentro del caso 'Club de la construcción'.

Como primera imputación, el Ministerio Público atribuye a Martín Vizcarra, en su calidad de autor y en su condición de gobernador regional de Moquegua, el haber intervenido de manera directa en la licitación internacional para la construcción del proyecto Lomas de Ilo, en cuya proceso el expresidente habría concertado con integrantes del consorcio Obrainsa -que postulaba en esta concurso- para favorecerla a cambio de un beneficio económico.

La Fiscalía también le atribuye a Martín Vizcarra el presunto delito de colusión agravada por otra obra: la elaboración del expediente técnico y construcción para ampliación del Hospital de Moquegua, en el cual se realizó una concertación -a través de su amigo y exministro de Agricultura José Manuel Hernández- con la empresa ICCGSA para favorecerla en esta licitación a cambio de un beneficio económico que fue entregado a través de su intermediario y de manera directa.

Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche expuso ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho que en el caso Lomas de Ilo a Martín Vizcarra se le atribuye el supuesto delito de cohecho impropio debido a que, como gobernador regional, habría solicitado al gerente comercial de Obrainsa -empresa que era postulante- un donativo indebido correspondiente al 2% del valor de la licitación, que ascendió a 1 millón de soles.

En este caso, según la versión del colaborador eficaz Elard Paul Tejeda Moscoso, exgerente de la constructora Obrainsa, Martín Vizcarra también solicitó el alquiler de una aeronave por más de 35 mil soles, que fueron cancelados por esta compañía, para realizar un acto propio de su gobierno, que era formalizar el otorgamiento de la buena pro.

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