Los sobornos que habría recibido Vizcarra según la Fiscalía y que motivan el pedido de prisión preventiva

Durante más de tres horas, el fiscal Germán Juárez Atoche expuso esta mañana ante el Poder Judicial los argumentos que sustentan su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por haber recibido presuntos sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA durante la licitación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Moquegua, en su gestión como gobernador regional, dentro del caso 'Club de la construcción'.

Como primera imputación, el Ministerio Público atribuye a Martín Vizcarra, en su calidad de autor y en su condición de gobernador regional de Moquegua, el haber intervenido de manera directa en la licitación internacional para la construcción del proyecto Lomas de Ilo, en cuya proceso el expresidente habría concertado con integrantes del consorcio Obrainsa -que postulaba en esta concurso- para favorecerla a cambio de un beneficio económico.

La Fiscalía también le atribuye a Martín Vizcarra el presunto delito de colusión agravada por otra obra: la elaboración del expediente técnico y construcción para ampliación del Hospital de Moquegua, en el cual se realizó una concertación -a través de su amigo y exministro de Agricultura José Manuel Hernández- con la empresa ICCGSA para favorecerla en esta licitación a cambio de un beneficio económico que fue entregado a través de su intermediario y de manera directa.

Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche expuso ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho que en el caso Lomas de Ilo a Martín Vizcarra se le atribuye el supuesto delito de cohecho impropio debido a que, como gobernador regional, habría solicitado al gerente comercial de Obrainsa -empresa que era postulante- un donativo indebido correspondiente al 2% del valor de la licitación, que ascendió a 1 millón de soles.

En este caso, según la versión del colaborador eficaz Elard Paul Tejeda Moscoso, exgerente de la constructora Obrainsa, Martín Vizcarra también solicitó el alquiler de una aeronave por más de 35 mil soles, que fueron cancelados por esta compañía, para realizar un acto propio de su gobierno, que era formalizar el otorgamiento de la buena pro.

Lomas de Ilo: la ruta del presunto soborno

El fiscal Germán Juárez dio detalles de la relación comercial que existía entre Martín Vizcarra con la empresa Obrainsa a través de Elard Paul Tejeda Moscoso, exgerente de la constructora. Según la versión de este actual colaborador eficaz, el 4 de noviembre del 2013, en pleno trámite de licitación, tuvo una comunicación con Martín Vizcarra en la que el entonces gobernador regional se ofreció a acudir a las oficinas de Obrainsa para conversar sobre la oferta que esta empresa había presentado a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para este importante proyecto.

Según detalló a la Fiscalía el exgerente de la constructora, en esta reunión llevada a cabo en las oficinas de Obrainsa, en San Isidro, entre el 4 y 5 de noviembre, Martín Vizcarra "fue incisivo en señalar que la convocatoria para esta licitación pública se había hecho sin indicar el valor referencial"; sin embargo, le manifestó al entonces gerente "que le iba a brindar una información privilegiada" respecto a que para este proyecto el Gobierno Regional de Moquegua tenía un presupuesto de 90 millones de soles por todo concepto.

En ese momento Martín Vizcarra, según la versión del colaborador, le indicó que, tomando en cuenta el presupuesto del Gobierno regional, para poder adjudicar el proyecto al consorcio Obrainsa "era determinante" que el monto máximo a ofertar para la construcción no exceda de 81 millón de soles, "indicándoles que era indispensable que presenten la nueva propuesta".

Al final de la reunión, según el colaborador eficaz, Martín Vizcarra "le requirió un pago" por el apoyo otorgado al consorcio Obrainsa al haberle manifestado el monto máximo a ofertar para que se le pueda adjudicar la obra. Vizcarra trató de "justificar" dicho pedido afirmando que necesitaba "fondos personales" para atender gastos en relación con su cargo y que tenía conocimiento que en las obras que licitaba Provías Nacional "todas las empresas que ganaban pagaban una comisión de más del 2%".

Ante este pedido Elard Paul Tejeda Moscoso se comunicó al empresario Giacomo Francesco Orsatti, representante legal de la constructora italiana Astaldi, para hacerle saber el pedido y tomar una decisión, requerimiento que finalmente fue aceptado. Según el fiscal, este relato coincide con el testimonio de Ana María Helen Vela, secretaria de gerencia de Obrainsa, que en el 2020 acreditó las reuniones entre Martín Vizcarra y los empresarios y coincide, además, con el registro de llamadas que el expresidente hizo al exgerente de la compañía en 2013.

Por esta obra, el consorcio Obrainsa había hecho una propuesta inicial superior a los 81 millones de soles; sin embargo, cuando les piden hacer una reevaluación, realizan una nueva propuesta el 7 de noviembre del 2013 por 80 millones 981 mil 137.34 soles debido a que para ese entonces ya contaban con "información privilegiada recibida de Martín Vizcarra", según palabras del fiscal. Tras esto, UNOPS recomienda al gobierno regional la contratación de esta empresa por ajustarse al presupuesto y se procede a la suscripción del contrato.

Una vez suscrito ese contrato, y de los respectivos adelantos de pago del gobierno regional al consorcio para la ejecución de la obra, Elard Paul Tejeda Moscoso, exgerente de Obrainsa, revela haber tenido que realizar "gestiones internas" para realizar los pagos a Martín Vizcarra "toda vez que hubo un pacto de un pago respectivo una vez adjudicada la obra a favor del consorcio". Según las pesquisas fiscales, el gerente comercial de Obrainsa hizo el pago de 1 millón de soles a Martín Vizcarra.

Para esto, el colaborador relató durante la investigación que tuvo que gestionar un préstamo de Obrainsa mediante el cobro de un cheque por 400 mil soles el 27 de enero de 2014 que realizó el conserje de la empresa. Según su versión, la reunión de entrega del dinero Martín Vizcarra se realizó entre el 27 y 29 de enero del 2014 en las oficinas de Obrainsa. Tras la conversación, el exgerente recuerda que le hizo entrega de 400 mil soles en efectivo (primer pago) dentro de un sobre manila a Martín Vizcarra, quien procedió a retirarse de la oficina.

Para el segundo pago, el colaborador también refiere que en la primera semana de abril del 2014 le entregó a Martín Vizcarra la suma de 600 mil soles. En esta oportunidad la modalidad fue la misma; es decir, la empresa Obrainsa realizó un préstamo al consorcio Astaldi a través de un cheque que fue cobrado por el conserje y entregado en efectivo a Tejeda Moscoso, quien nuevamente le entregó el segundo pago en las oficinas de San Isidro.

"Con ello el consorcio Obrainsa-Astaldi le pagó al señor Martín Vizcarra la suma de 1 millón de nuevos soles en efectivo, más 35 mil 985.65 nuevos soles que también canceló Obrainsa por el alquiler de una aeronave a favor de Martín Vizcarra, toda vez que el colaborador también ha mencionado que Martín Vizcarra pidió que alquilara una avioneta para trasladar una delegación de funcionarios bolivianos a Ilo y que lo pusiera a cuenta de lo que habían acordado", expuso el fiscal.

El presunto soborno por el Hospital de Moquegua

En la construcción del Hospital de Moquegua a Martín Vizcarra se le acusa por el presunto delito de cohecho pasivo impropio al haber solicitado, durante su periodo de presidente regional, un donativo de 1 millón de soles a Rafael Granados, gerente comercial de la empresa IGGSA, para formalizar el otorgamiento de la buena pro pese a que se trataba de un acto propio de su gobierno. Según la tesis fiscal, el dinero que fue gestionado por intermedio de José Manuel Hernández, persona cercana a Martín Vizcarra.

En este caso, la Fiscalía cuenta con la declaración del colaborador José Fernando Castillo, gerente general de IGGSA, quien reveló que Martín Vizcarra solicitó dinero a esta compañía a través del exministro de Agricultura José Manuel Hernández para dar la aprobación a la oferta presentada por el consorcio hospitalario.

Según la tesis fiscal, en este caso, el pago del millón 300 mil soles que habría solicitado Martín Vizcarra se hizo "de manera escalonada". Los pagos de este presunto soborno se dieron entre el  2014 y 2016, la mayoría a través del exministro José Manuel Hernández, quien ha autorizado el levantamiento de su identidad como colaborador eficaz, y dos entregas de manera directa a Martín Vizcarra, una de estas de manera presencial en las oficinas de IGGSA donde le entregaron un saldo de 30 mil dólares.

Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez dio detalles de comunicaciones entre el empresario Rafael Granados Cueto, exgerente comercial de ICCSA, y José Manuel Hernández en las que el exministro le comunicaba que Martín Vizcarra "estaba presionando" para que se le pague lo acordado en un evento de la la CADE (1 millón 300 mil soles).

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