Martín Vizcarra fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial en La Victoria

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado a la sede de la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima, ubicada en la cuadra 2 del jirón Raimondi, en La Victoria, luego de que el Poder Judicial ordenara 5 meses de prisión preventiva en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

Chávez Tamariz advirtió durante la audiencia que existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado, por ello declaró fundado el pedido de la Fiscalía para que el exmandatario vaya tras las rejas mientras continúa la investigación.

Martín Vizcarra fue detenido inmediatamente terminada la audiencia de prisión preventiva y el INPE determinará en las próximas horas el lugar donde deberá cumplir la medida dictada por el juez Chávez Tamariz.

Al respecto, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que el fallo del juez Chávez Tamariz es "razonable" dado el avance del juicio oral, ya que, según estimó, en un mes debería concluir el proceso para el pronunciamiento definitivo del Poder Judicial.

"Estimamos por la fuerza abrumadora de la evidencia, que incluso gran parte de ellas han sido hoy puestas en conocimiento del público a través del sistema de audiencias, debería ser una sentencia de condena ejemplar", afirmó.

Abogado de Vizcarra apelará prisión preventiva

Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, señaló que la audiencia en donde se dictó cinco meses de prisión preventiva contra su patrocinado "es un fiel reflejo de cuando los jueces se someten a la presión política".

"La audiencia realizada el día de hoy es un fiel reflejo de cuando los jueces se someten a la presión política. Ustedes pueden advertir y verificar en toda la audiencia que en ningún momento el fiscal ni por escrito ni al momento que realizó su requerimiento cuestionó el arraigo familiar del señor Martín Vizcarra Cornejo", aseguró.

En esa línea, sostuvo que el juez Jorge Chávez Tamariz ha puesto "en tela de juicio" a las declaraciones de Vizcarra y su defensa legal.

"¿Cómo puede ser posible que un magistrado diga que mi patrocinado no tiene arraigo laboral si vive con personas menores de edad, vive con su esposa? ¿Cómo puede ser posible que se haya declarado que no existe arraigo familiar?", sostuvo.

"Terminada la audiencia de mi patrocinado, demoró cinco minutos para leer la resolución, y cuando comenzó a leer indicó que tenía el cuadro elaborado, ¿que quiere decir? ¿Que la resolución estaba previamente redactada? Eso se ha advertido. Hay que tener en cuenta que el magistrado es esposo de una fiscal que forma parte del equipo Lava Jato, que pertenece el señor Juarez Atoche, pero ya tomaremos las acciones legales que correspondan", añadió.

Al respecto, sostuvo que el día de mañana presentará el recurso de apelación contra la decisión judicial, en donde cuestionó el riesgo de fuga que señaló el juez ya que, argumentó, Vizcarra "sigue concurriendo a todas las instancias judiciales".

"Estamos convencidos de que esta decisión simplemente se ha sustentado en la presión que han realizado algunos medios de comunicación, algunos sectores que están en contra del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Pero más allá de connotaciones políticas, lo que debe tenerse en cuenta es que estas actitudes judiciales deben rechazarse no solo para el señor Martín Vizcarra, sino para cualquier ciudadano", añadió.

El inicio de la investigación contra Martín Vizcarra

El caso comenzó en marzo del 2021, luego de las declaraciones brindadas por aspirantes a colaboradores eficaces ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche sobre presuntos sobornos de empresas vinculadas al caso ‘Club de la Construcción’, a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del Hospital de Moquegua.

De acuerdo con la tesis fiscal, Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua, habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa para ayudarlos a adjudicarse con los proyectos 'Lomas de Ilo' y el Hospital de Moquegua.

Por estos casos, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que se le imponga la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

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