Columna | El empecinamiento de Pedro Chávarry impide salir de la crisis

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Entramos al primer fin de semana del 2019 con incertidumbre respecto a la crisis en la Fiscalía y sus repercusiones en el Congreso y el Ejecutivo. Si Pedro Chávarry hubiese renunciado, la solución sería más simple. Pero por alguna razón y a pesar de que sus defensores poco a poco cesan de respaldarlo, el fiscal de la Nación se empecina en mantenerse en su cargo. De nada habrán servido los argumentos objetivos: su condición de investigado, los audios, la mentira confirmada, las denuncias en el Congreso y su desastrosa intervención la noche de Año Nuevo. Tampoco lo ha inspirado la magnitud de las marchas en Lima y otras ciudades del país.

El gobierno ha reaccionado con la presentación de un Proyecto de Ley declarando en emergencia el Ministerio Público. Incluso Keiko Fujimori ha pedido vía Twitter que se priorice la declaratoria de emergencia por ser necesario un “ministerio público sin cuestionamientos”. Eso ha bastado para que los belicosos activistas fujimoristas de las redes sociales (troles) dirijan ahora sus baterías contra ella, acusándola de falta de dignidad y comparando su tweet con la renuncia de su padre, hace más de 18 años.

Acuerdo postergado

Además del caso Chávarry, resolver la crisis supone ahora definir los términos jurídicos de la reforma de la Fiscalía y adoptar una posición sobre el acuerdo de colaboración judicial con Odebrecht, de manera tal que se pueda recibir las confesiones “premiadas” de sus ejecutivos. Los detractores de ese acuerdo, entre los que destacan algunos dirigentes apristas, cuestionan que la empresa Odebrecht pueda seguir trabajando en nuestro país.

Sin embargo, ese es el modelo adoptado por países conocidos por la severidad y la independencia de su Justicia, como Estados Unidos: se condena y proscribe  a los dirigentes, se impone una reparación, se obliga a que la empresa adopte códigos de cumplimiento (compliance), pero se evita que quiebre con las consecuencias negativas para el empleo.

Los culpables son los ejecutivos, no las empresas que ellos dirigen y menos sus trabajadores. Lo verdaderamente grave es que la impugnación del acuerdo sirva en la práctica para garantizar la impunidad, puesto que sin él ya no accederíamos a confesiones ni a la entrega de documentación probatoria. Por eso se nos adelantó que lo que vendría de Brasil iba a ser “devastador” para los sucesivos gobiernos y miembros del Congreso. Algunos corruptos deben estar frotándose las manos.

El rol del Congreso ante la crisis

En estas circunstancias de crispación y juego con cartas trucadas, dos puertas parecen entreabrirse hacia salidas sensatas y pragmáticas. La primera es la nueva actitud del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, quien hasta ahora se negaba a priorizar las denuncias contra Chávarry. ¡Ya sabemos a qué argucias quisquillosas se puede recurrir cuando se pretende ocultar las verdaderas motivaciones! Si esas denuncias prosperan, el camino hacia la salida del fiscal de la Nación cesaría de generar las dificultades que estamos padeciendo.

Y, pensando en el mediano plazo, ayer sesionó la Comisión de Justicia que escuchó las opiniones del Defensor del Pueblo y el Contralor de la República, miembros del comité que elegirá a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Cuando el nombre de Chávarry no sea sino un mal recuerdo de nuestra larga historia de corrupción, seguiremos necesitando mejorar nuestras instituciones. Eso requiere darles transparencia y simplicidad, puesto que los corruptos prosperan cuando prevalecen la opacidad y la profusión de trámites.

Simplicidad y transparencia. Dos valores que deberían inspirar nuestra vida personal así como la vida pública de nuestro país.

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