PJ desestimó apelaciones de Fuerza Popular contra allanamientos e incautaciones a su local en 2020

El Poder Judicial desestimó las apelaciones que presentó la agrupación política Fuerza Popular respecto de las diligencias de allanamiento que realizó la Fiscalía en febrero de 2020 a su local partidario, así como la incautación de material contable de ese partido.

Así lo determinó la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, a través de una resolución en la que declaran infundado el recurso que presentó la defensa técnica de dicha apelación, a una resolución que autorizó el allanamiento de su local en la avenida 9 de Diciembre.

En el documento refieren que aquella resolución autorizó la incautación de diversos documentos contables con registro de los movimientos financieros de la agrupación política entre los años 2015 y 2016. Además, de todo lo que pudiera relacionarse con la investigación que se sigue contra ese partido por la campaña para las Elecciones Generales de 2016.

Los magistrados que integran dicha sala penal también declararon infundado un recurso de apelación que presentaron los abogados de Fuerza Popular contra la incautación de archivos respecto de aportes de campaña a Fuerza 2011, como parte de la campaña política para las Elecciones Generales de 2011. Esto como parte de la investigación que sigue Fiscalía contra dicha agrupación y otros por el presunto delito de Lavado de Activos en agravio del Estado.

Allanamiento a local de Fuerza Popular

La diligencia de allanamiento al local de Fuerza Popular ocurrió el 3 de febrero de 2020 y fue liderada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público. Dicha medida fue autorizada por el juez Víctor Zúñiga Urday como parte de la investigación contra ese partido  por la campaña presidencial de 2016.

Durante las diligencias Fiscalía encontró documentos financieros vinculados a las actividades de 2015 y 2016 del partido. Además, se encontró material de la campaña de 2011, sobre la cual el fiscal Pérez Gómez indicó que se trataba de información relevante que no había sido encontrada en el allanamiento que realizaron en 2017.

El fiscal indicó que durante la diligencia de allanamiento hubo “resistencia de los representantes de esta agrupación de exhibir o entregar voluntariamente documentación necesaria para la investigación”. Específicamente se opusieron a que se incaute la documentación correspondiente a 2011, por lo que se tuvo que solicitar una nueva resolución.

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