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por Julio Cisneros
·La defensa legal de nuestro país incluyó esta propuesta inicial de reparación civil dentro de la solicitud que hizo para constituirse como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria que se les sigue a estas personas por el presunto delito de lavado de activos, que fue declarada fundada el pasado 7 de julio.
La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que Gabriel Prado, ex funcionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de Susana Villarán y otras tres personas paguen la suma de un millón 144 279 soles por concepto de reparación civil a favor del estado peruano.
La defensa legal de nuestro país incluyó esta propuesta inicial de reparación civil dentro de la solicitud que hizo para constituirse como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria seguida a estas personas por el presunto delito de lavado de activos, la cual fue declarada fundada, el último 7 de julio, por el juez Víctor Alcocer Acosta.
El magistrado, a cargo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, adoptó esta medida al determinar que está solicitud de constitución en actor civil ha cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 100 de Código Procesal Penal para ser admitida y por qué además las partes procesales involucradas no han formulado oposición alguna frente a este requerimiento.
Investigación
El Ministerio Público inició una investigación preparatoria al existir sospecha reveladora que se habrían realizado otras operaciones financieras como parte de una presunta organización criminal tendientes a blanquear el producto de sus actividades ilícitas, teniendo como uno de los beneficiarios al investigado Gabriel Prado quien luego realizo diversos actos de transferencias a fin de evitar poner en evidencia las presuntas actividades delictivas en las que aparece involucrado.
Gabriel Prado también afronta un proceso penal junto a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar tanto su campaña por el 'NO' a su revocatoria en el 2013 como para su campaña de reelección en el sillón municipal en el 2014.
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