El caso ‘Los intocables ediles de La Victoria’ escaló a nivel político cuando se incluyó a Luciana León, al ser sindicada por la Policía y la Fiscalía como “el brazo político – legal" de esta presunta mafia para el que supuestamente habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en el distrito de La Victoria a fin de obtener ingresos ilícitos.
El Poder Judicial evaluará el miércoles, 26 de febrero, el pedido fiscal para que se autorice levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de la excongresista Luciana León como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por una supuesta vinculación con la organización criminal ‘Los intocables ediles de La Victoria’.
En una audiencia virtual de carácter "privada" a realizarse desde las 11:30 de la mañana, el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará el requerimiento que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, el 10 de abril del 2024, para que se ejecute está medida respecto a la exlegisladora y otras ocho personas vinculadas a este caso.
El magistrado escuchará ese día al representante de la citada instancia suprema fiscal, así como a los abogados de la exparlamentaria y de las demás personas involucradas y al representante de la Procuraduría General del Estado a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
La excongresista, Luciana León, afronta bajo mandato de comparecencia esta investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación que le atribuye el Ministerio Público en agravio del Estado.
El caso de ‘Los Intocables Ediles’ estalló en agosto del 2018 cuando la Policía detuvo a Elías Cuba, entonces alcalde de La Victoria, y a otros funcionarios de esta comuna por ser parte de una presunta red dedicada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes de este distrito limeño.
El caso escaló a nivel político cuando se incluyó a Luciana León al ser sindicada por la Policía y la Fiscalía como “el brazo político – legal" de esta presunta mafia para el que habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en el distrito limeño de La Victoria a fin de obtener ingresos ilícitos.
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