¿Qué pasará con las empresas peruanas tras la prisión preventiva de sus exrepresentantes?

La exprocuradora ad hoc del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, sostuvo en Ampliación de Noticias que la Procuraduría debe pedir la incorporación de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA en la investigación como “tercero civil responsable”. De esta manera, se asegura el pago de una reparación civil por parte de las constructoras peruanas. 

“Lo que tiene que hacer la Procuraduría es solicitar la incorporación de las empresas a este proceso en calidad de tercero civil responsable para que estas empresas paguen de manera solidaria con los otros investigados la reparación civil a favor del Estado”, explicó Ampuero en RPP Noticias.

Prisión para empresarios

La madrugada de este lunes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra José Graña Miró Quesada (expresidente del directorio de GyM), Hernando Graña Acuña (exdirector de GyM), Fernando Camet Piccone (presidente de JJC Camet Contratistas Generales) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).

La Fiscalía los investiga por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. De acuerdo a la hipótesis del fiscal Hamilton Castro, los implicados transfirieron 15 millones de dólares de sus utilidades a Odebrecht bajo el concepto de “riesgos adicionales” para el pago de la coima de 20 millones de dólares que se le entregó al expresidente Alejandro Toledo por la Carretera Interoceánica Sur.

El siguiente paso

De acuerdo a la exprocuradora Ampuero, la Fiscalía puede incorporar a las empresas como “sujeto pasivo de la acción penal”. Así se podrá aplicar sanciones a las empresas que pueden ser desde una multa o incluso la disolución.

“El fiscal ya sea de oficio también debe incorporar a las personas jurídicas para que se aplique las consecuencias que determina el artículo 105 del Código Penal que son sanciones a la empresa, a la persona jurídica porque a la empresa no la puedes poner tras las rejas. Pero sí se les aplica consecuencias accesorias como una multa o una suspensión de licencia o la medida más drástica que es la disolución de la empresa”, dijo.