El Tribunal Constitucional determinó que la mandataria Dina Boluarte debe ser incorporada en el presente proceso competencial en calidad de tercero con interés en el resultado, debido a que es investigada en las disposiciones fiscales y resolución judicial que motivaron la interposición de la demanda competencial.
La presidenta Dina Boluarte y a su abogado defensor podrán participar en la audiencia que programó el Tribunal Constitucional para este jueves 24 de abril a fin de evaluar la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para que se establezcan límites en las investigaciones que se puedan realizar a un jefe de Estado en ejercicio de su cargo.
Esto debido a que le máximo intérprete de nuestra carta magna resolvió incorporar a la mandataria en calidad de tercero con interés en el resultado de este proceso competencial.
La jefa de Estado presentó un escrito, el último 14 de abril, a través del cual solicitaba que se admita su apersonamiento al presente proceso competencial en calidad de tercero con interés en el resultado, y que se conceda el uso de la palabra a su abogado defensor en la audiencia pública programada.
Al respecto, el Tribunal Constitucional determinó, a través de una resolución a la que tuvo acceso RPP, que la recurrente debe ser incorporada en el presente proceso competencial en calidad de tercero con interés en el resultado, toda vez que ostenta la condición de parte investigada en las disposiciones fiscales y la resolución judicial que motivaron la interposición de esta demanda competencial y la admisión a trámite de esta el 4 de febrero del 2025.
En una audiencia programada para este jueves 24 de abril desde las 9:15 de la mañana en su sede institucional ubicada en la ciudad de Arequipa, el Tribunal Constitucional analizará la demanda competencial que interpuesto el gobierno de la presidenta Dina Boluarte con el que busca que se establezcan límites en las investigaciones que se puedan realizar a un jefe de estado en ejercicio de su cargo
Demanda competencial
El Poder Ejecutivo sostiene que las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial han interferido con sus competencias, limitando el ejercicio del cargo de la presidenta al realizarse una interpretación del artículo 117 de la Constitución que, según el gobierno, ha generado restricciones que afectan directamente sus atribuciones.
El 17 de mayo del 2024, el Consejo de Ministros acordó, por unanimidad, interponer esta demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la Republica.
El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, precisó que la demanda “es pensada en los presidentes que vengan a futuro, a fin de que sus funciones constituciones no se vean mermadas ante los llamados de la Fiscalía" y descartó que esta iniciativa pretenda hacer intocable al Ejecutivo.
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