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por Redacción RPP
·El Tribunal Constitucional adoptó esta medida al determinar que no existe una autorización expresa de la presidenta Dina Boluarte para que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, interponga la competencial.
El Tribunal Constitucional declaró inadmisible la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para que se defina bajo que circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado
Según la demanda presentada en agosto de 2024, el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, establece que dicha acusación solo puede darse bajo las razones contenidas en el texto constitucional:
"Por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".
Decisión del TC
Al respecto, el máximo intérprete de nuestra Carta Magna adoptó esta medida al determinar que “no existe una autorización expresa de la titular del Poder Ejecutivo, en este caso de la mandataria Dina Boluarte, para que el presidente del Consejo de Ministros interponga una demanda competencial”.
Ante ello, el Tribunal Constitucional concedió al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días hábiles para que subsane la omisión advertida, bajo “apercibimiento” o “advertencia” de declarar la improcedencia de la demanda.
El 17 de mayo del 2024, el Consejo de Ministros acordó, por unanimidad, interponer esta demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por “menoscabo” en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República. Finalmente la demanda fue presentada el 7 de agosto.
El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, precisó que "Esta demanda es pensada en los presidentes que vengan a futuro, a fin de que sus funciones constituciones no se vean mermadas ante los llamados de la Fiscalía" y descartó que esta iniciativa pretenda hacer intocable al Ejecutivo.
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