El caso por el que ambos son investigados se remonta a 2012. Por esas fechas, Abugattás era presidente del Congreso y Letona, abogada de un conocido estudio jurídico. | Fuente: Andina

Este miércoles, la Fiscalía de la Nación informó que ha abierto indagaciones preliminares contra la parlamentaria Úrsula Letona y el excongresista Daniel Abugattás por presuntos delitos contra la Administración Pública relacionados con actos de corrupción. 

El caso se remonta al 2012, cuando Letona Pereyra era abogada del Estudio Jurídico Echecopar y Abugattás Majluf tenía el cargo de presidente del Congreso. De acuerdo con el documento firmado por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, la primera habría cometido tráfico de influencias y cohecho activo genérico; mientras que el segundo habría incurrido en tráfico de influencias agravado. 

Estos son los puntos más resaltantes de la Disposición Fiscal N° 01, recaída en la Carpeta N° 199-2019, a la que RPP Noticias tuvo acceso:

1. El caso: En marzo de 2012, la entonces abogada en ejercicio Úrsula Letona Pereyra habría ofrecido a Rolando Machado Sandoval, accionista de la empresa Pesquera Mar S.A.C., interceder a favor de la compañía para que esta recupere -sin mayor trámite- autorizaciones de pesca de cuatro embarcaciones y una licencia de establecimiento industrial. Esta comunicación fue divulgada por medios periodísticos a inicios de julio de 2019. Ese mes, la Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima alertó a la Fiscalía de la Nación sobre la denuncia periodística. 

2. La supuesta influencia: La ‘movida’ que Letona le habría asegurado a Machado consistía en convencer al congresista y presidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf de usar su poder político para presionar a un conocido suyo, que por entonces era asesor del Ministerio de la Producción, y conseguir una nueva y favorecedora resolución.  

3. ¿Qué había pasado con esta empresa? El 22 de febrero de 2012, el Ministerio de la Producción (Produce) había publicado en el diario El Peruano su Resolución Directoral N° 108-2012. En esta, se devolvía a Pesquera Mar S.A.C. las autorizaciones de transformación de otras autorizaciones y otros permisos de pesca. Estas últimas estaban referidas a cuatro embarcaciones de propiedad de la empresa (“Teresa”, “Mantaro 10”, “Capricornio 5” y “Tres Hermanos VII”). Además, se resolvía devolverle a la compañía la licencia de establecimiento industrial. 

Esta disposición de Produce recaía en una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima por un proceso de restitución de derechos administrativos que Pesquera Mar S.A.C. había ganado. Pero, pese a que  la Resolución Directoral N° 108-2012 de Produce fue favorable para la empresa, el Ministerio exigía un trámite adicional para que los permisos se ejecutaran.

4. La parte que se consiguió anular: Si bien el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 108-2012 disponía el retorno de autorizaciones para la empresa, el artículo 2 condicionaba a Pesquera Mar S.A.C. a cumplir con algunas formalidades legales de procedimiento administrativo. Estas eran presentar en un plazo de 30 días hábiles los requisitos correspondientes al Permiso de Pesca y los instrumentos de gestión ambiental necesarios para la licencia de operación. Este artículo 2 quedó “sin efecto en todo su contenido y extremo” el 26 de junio de 2012, con la Resolución Viceministerial N° 033-2012-Produce/DVP.  

5. Abugattás habría intervenido: Como lo señalamos en puntos anteriores, Letona era abogada del estudio Echecopar y, en marzo de 2012, habría prometido a un accionista de Pesquera Mar S.A.C. mover contactos para lograr la anulación parcial de la Resolución Directoral N° 108-2012. El contacto clave, según las diligencias preliminares de la Fiscalía de la Nación, era Abugattás. 

De acuerdo con la Fiscalía de la Nación, el 17 de abril de 2012, al mes siguiente de la comunicación entre Letona y Machado, el entonces presidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf envió un oficio al ministro de la Producción José Antonio Urquizo Maggia. En este documento, de número 2352-2011-2012, Abugattás pedía que el sector “informe a la Presidencia del Congreso si dicha cartera había procedido en anular de oficio” la resolución directoral en cuestión. Además, solicitaba que Produce le informe a su despacho si alguna de las cuatro embarcaciones de Pesquera Mar S.A.C. se habían considerado “en el listado para la asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación del primer trimestre de 2012”. 

Como indicamos en el punto 4, la anulación requerida sí se concretó. 

6. Lo que la Fiscalía busca probar. La investigación abierta por la fiscal Zoraida Ávalos aún no tiene carácter formal, sino preliminar. Lo que se busca es probar es la supuesta influencia de Letona y Abugattás en la anulación de la resolución directoral de Produce en favor de Pesquera Mar S.A.C.

Para las indagaciones preliminares que tendrán plazo de 60 días, la Fiscalía de la Nación recibirá las declaraciones indagatorias de ambos investigados. Además, solicitará las declaraciones testimoniales del accionista de Pesquera Mar S.A.C., Rolando Machado Sandoval, y del ex ministro de la Producción José Urquizo Maggia. Otras informaciones que analizará son las correspondientes a Produce, al Congreso de la República y a los medios de comunicación que emitieron los reportajes sobre este caso. 

7. Los delitos imputados y la situación de Letona. De momento, el delito que se imputa a Abugattás es el de tráfico de influencias. La Fiscalía de la Nación sostiene la posibilidad de que este influyó irregularmente en la anulación de la resolución directoral y considera como indicio el oficio que Abugattás remitió al ministro de la Producción. Y, dado que por ese entonces Abugattás era un alto funcionario público (congresista), el delito sería agravado.

Letona, por su parte, no era funcionaria pública en este momento, no le asiste el antejuicio político  y, en principio, no correspondería que la investigara la Fiscalía de la Nación, sino una fiscalía de menor jerarquía. Sin embargo, la disposición de Zoraida Ávalos señala que “es facultad del Ministerio Público establecer las estrategias que correspondan en cada una de las investigaciones (artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal)”.

Por tanto, decide juntar en una sola investigación los avances que podrían realizarse con las diligencias contra Abugattás y Letona. El documento de Ávalos, por tanto, establece la indagación preliminar contra Letona por los presuntos delitos de tráfico de influencias (simple; por supuestamente ofrecer ventajas en un caso administrativo) y cohecho activo genérico (por posible ofrecimiento de beneficio a un funcionario del Estado).

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